Desde San José, allá por lo más profundo del pasado mes de marzo, hasta el venidero octubre, la Junta General del Principado, que se autotitula Parlamento, quizá por lo que charlan en la cafetería, no celebrará ninguna sesión de carácter legislativo, aunque tal sea su fin.
Las elecciones que una y otra vez tanto nos ocupan no tienen absolutamente nada que ver con los intereses de los ciudadanos, ya que los elegidos se pasan seis meses en el limbo. Sí se correlacionan, y mucho, muchísimo, todo, absolutamente todo, con los chollos de una casta que vive como jamás había soñado antes de entrar en política y que tiene un triple y descarnado objetivo: no dar golpe, enriquecerse y, claro, perpetuarse.
¿Me estoy pasando? En absoluto. Son ellos los que han cruzado todas las líneas rojas imaginables, y quien los defienda, siquiera pidiendo moderación en las críticas, es que participa del tinglado o padece un gravísimo problema de percepción de la realidad.
Y encima se dan a sí mismos la consideración de señorías. Hay que tener valor.
Ciertamente, desde las doctrinas liberales cuanto menos ejerzan mejor. De un Parlamento formado por partidos del Estado, no de los ciudadanos -ocurre en toda la Europa continental: los fundaron los generales americanos de cuatro estrellas-, sólo pueden salir disposiciones contra la gente porque el Estado -amigos de Podemos- es de clase o como se quiera decir, así que fuera toda neutralidad y viva la peor parcialidad.
Lo ideal sería que en octubre cogiesen otros seis meses de vacaciones. Sólo impuestos y regulaciones contra la libertad individual pueden salir del caletre de semejantes señorías porque ése es su gran negocio. Pero, ay, no caerá esa breva.
