Lo primero que habría que hacer es plantearse de verdad si a un Estado le interesa perseguir a un contribuyente por un supuesto fraude por valor de un céntimo de euro. Viene la cuestión a cuenta de la sanción de 300 euros que Hacienda impuso, o quiso imponer, a una empresa gijonesa que declaró un céntimo de más no se sabe bien en qué apartado de la declaración. El fallo, como cabía suponer, se debió a un error técnico que provocaba una diferencia de un céntimo en dos documentos de los entregados a Hacienda. Y la sanción no era cosa menor: trescientos euros, que ya son euros por un modesto céntimo. No hay quien quiera defraudar un céntimo, salvo un declarante bromista, porque, como se suele decir, un céntimo no va a ninguna parte.
Lo segundo a considerar es el gasto que le ha significado el episodio a la Hacienda española. El gasto de tiempo de los funcionarios encargados del caso, la papelería, si la hubo, o fue todo por la red, la luz consumida y todos los demás gastos, que no inversiones, que el episodio ha provocado. Mover un solo papel o un mensaje electrónico, a saber, por un céntimo de más que no cuadraba en dos declaraciones es un, por lo menos, exceso. No se trata de que la Administración sea laxa con los defraudadores, al revés; se trata de que sea razonable en sus actuaciones y no se detenga en un céntimo, que no puede ser cobrado por un alquiler porque no hay alquileres a céntimo, pese a la crisis inmobiliaria.
Hay quien dice que el control de los impuestos está tan avanzado que los ordenadores detectan cualquier fallo o intento de fraude, incluso por un céntimo. No se sabe si éste es el caso, pero delante de un ordenador hay siempre una persona que a la vista de los datos tendría que haber aplicado la sensatez y mandar el expediente a la papelera, la electrónica o la de caucho donde se depositan los papeles inservibles. La empresa afectada pide discreción y olvida el fallo técnico que la ha puesto a los pies de los caballos. De Hacienda.
