No es mi intención intervenir en el debate político en curso, pero por el bien de Asturias y también de España tengo que proponer que Javier Fernández lidere la estrategia energética del PSOE y tal vez la de los posibles acuerdos de gobierno que se establezcan. En el último Congreso en el que fue elegido como líder del PSOE el secretario general Pedro Sánchez, se encomendó a Javier Fernández que liderara la transición industrial y energética. Fue una buena noticia dados los conocimientos y experiencia de nuestro Presidente.
Sin embargo, por las informaciones que recibo y por el trasfondo de las medidas que sobre la energía se han propuesto en el "Acuerdo PSOE-Ciudadanos para un gobierno reformista y de progreso" (el Acuerdo), el Sr. Sánchez ha seguido los planteamientos de la responsable de la Secretaría de Cambio Climático y Sostenibilidad, doña Pilar Lucio.
Personas competentes y con sólida formación en materia de energía del PSOE asturiano me habían comentado que la mayor virtud de doña Pilar Lucio en el tema que nos ocupa es su ignorancia total, pero acompañada de una gran carga ideológica. Doña Pilar Lucio es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora social y gestora de proyectos europeos de recursos humanos y desarrollo rural. Finalmente, fue Consejera de Igualdad y Empleo en la Junta de Extremadura de 2007 a 2011, año desde el cual representa a la provincia de Cáceres como Diputada en el Congreso. No niego su competencia en los temas en los que se formó, pero me confirmo en que en materia de energía solo tiene ideología al uso cuya persistencia tan cara nos está costando a los españoles.
El liderazgo de Javier Fernández es necesario porque la primera medida que propone el "Acuerdo" es promover un gran Pacto de Estado de la Energía, tema sobre el que muchos podemos estar de acuerdo pero siempre y cuando que este Pacto se centre sobre los objetivos de la política energética, recogidos en el artículo 194 del "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea" (conocido como Tratado de Lisboa), que por primera vez en la historia de la Unión introdujo un capítulo específico sobre la energía. Como es bien conocido, la política energética se asienta sobre tres pilares, la seguridad del aprovisionamiento, la competitividad de la economía y la sostenibilidad medioambiental, y es importantísimo mantener el equilibrio entre los tres porque en otro caso la "silla de tres patas" se desmorona. Lo que no se puede hacer es someter la política energética a la del clima, sino que esta última debe ser una dimensión a tener en cuenta en las estrategias energéticas que se adopten.
Muchas de las medidas contenidas en el capítulo "Transición energética y lucha contra el cambio climático" del "Acuerdo" ponen en serio riesgo la seguridad del aprovisionamiento energético y la competitividad de la economía. Los costes de la energía, y muy particularmente de la energía eléctrica, son fundamentales para el crecimiento económico y el empleo en Asturias, y nuestro Gobierno autonómico lleva tiempo reclamando una bajada de los costes de la electricidad para las empresas. El Programa Operativo FEDER 2014-2020 hace una buena descripción de nuestra situación socioeconómica y dice textualmente "la industria en el Principado es intensiva en energía eléctrica, y consume casi el 65% de la energía final, seguida por el sector de transporte y el ámbito residencial". La "Transición energética y lucha contra el cambio climático" aplicada en el pasado ya nos costó la friolera de 26.000 millones de deuda, así como fuertes desequilibrios en el sistema eléctrico y en su estabilidad financiera. Se hizo muy mal porque Rodríguez Zapatero quiso ser el líder mundial (planetario) de la lucha contra el cambio climático e introdujo unos sistemas de primas a ciertas energías renovables, sobre todo la fotovoltaica y la solar de concentración, que atrajeron como abejas al panal a los fondos de pensiones de medio mundo, fondos kuwaitíes y cataríes, y que ahora denuncian a España ante el tribunal de arbitraje del Ciadi por el, llamado por los "lobbies", "hachazo a las renovables", cuando el verdadero hachazo fue el que se hizo a nuestros bolsillos. Digámoslo claro, si sube el precio de la energía muchas empresas de Asturias tendrán que ajustar costes bajando salarios, o bien deslocalizándose. Muchos asturianos estarán de acuerdo en negarse a que su factura eléctrica financie las pensiones de los canadienses, los fondos de los países enriquecidos por el petróleo y otros varios que buscan rentabilidades altas y seguras.
Cuando vemos que con motivo de la Conferencia del Clima de París los presidentes de las grandes empresas energéticas se movilizaron en grandes "Alianzas por el clima" y escribieron a Ban Ki- Moon y a Arias Cañete, que tienen cada vez mejor acogida los "bonos verdes" para financiar proyectos de renovables o cuando vemos debates en las cadenas de televisión de Estados Unidos sobre el "climate business", no me cabe la menor duda de que en el tema del clima se está montando un gran negocio. No tengo nada en contra de que las empresas, grandes o pequeñas, hagan negocio, pero lo que no es admisible es que sea a cargo de los consumidores españoles, que tenemos muy poca capacidad de elección y al final no nos queda más remedio que pagar los precios y tarifas que nos fijen las empresas comercializadoras de electricidad y gas y los gobiernos. Sin embargo, hay que aplaudir a las empresas asturianas que desarrollan tecnología y exportan equipos, por ejemplo, de eólica marina, creando empleo y riqueza en la región.
Dicho todo esto, manifiesto que estoy a favor de un desarrollo racional de las energías renovables y mucho más aún de las medidas de ahorro y eficiencia energética, por lo que representan de progreso tecnológico y de contribución al llamado "mix" energético. Pero también estoy a favor de las centrales nucleares de 3ª generación, de tercera generación reforzada y, sobre todo, de que Europa potencie más la investigación en las centrales de 4ª generación (Gen IV), que minimizan los residuos y que permiten reprocesar los actualmente almacenados. También estoy muy a favor de los ciclos combinados de gas, pero trabajando en régimen de base con alto rendimiento y no como "respaldo" de la generación renovable, que como bien sabemos solo funciona si luce el sol y/o sopla el viento. También soy partidario de la generación eléctrica con carbón, incluyendo si hace falta el secuestro y captura de CO2. Dado que los "ecolos" van a impedir el almacenamiento en tierra del CO2, Asturias estaría en una excelente posición para transportar el CO2 a los yacimientos de gas y petróleo del Mar del Norte, donde el CO2 se paga para reforzar la recuperación del gas y del petróleo. En definitiva, soy partidario del "mix" diversificado en tecnologías y combustibles. También soy partidario de que si en Castor no se permite almacenar gas, se destine a almacenar petróleo cuando el precio es bajo, ya que Castor se asienta sobre el yacimiento de petróleo de Amposta. De esta forma, no lo pagaríamos todos los españoles. También soy partidario de luchar contra el cambio climático, no tanto por los cataclismos con los que se nos quiere impresionar, sino porque de ello se derivarán importantes progresos (coche eléctrico, aire más limpio en ciudades, soluciones inteligentes, diversificación energética, etc., etc.). A este respecto, mi fuente de información es la web de la NASA, y no las webs tremendistas que anuncian el fin del planeta.
Con relación a la generación eléctrica, la Unión Europea ya aprobó que el único instrumento que se va a introducir después de 2020 para reducir las emisiones de CO2 es el comercio de permisos de emisión de CO2. El citado comercio es una medida de mercado por cuya subasta los Estados recibirán ingresos, y es una especie de tasa verde fijada por el mercado. Lo que se propone, por tanto, es dejar funcionar al mercado interior de la energía y que éste dé las señales de inversión a las empresas, y también indique hacia dónde tienen que ir las líneas de I+D+i en las que Asturias puede jugar un gran papel. Por otro lado, la Unión Europea ha lanzado una gran iniciativa para el presente mandato (2014-2020), como es la creación de la "Unión de la Energía" (Energy Unión). Dentro de esta estrategia ha publicado una Comunicación muy importante titulada "Un nuevo acuerdo para los consumidores de energía" ("A new deal for energy consumers"), donde propone que la UE y sus Estados miembros den nuevos poderes a los consumidores ("Empowering consumers").
No me puedo extender por respeto a los lectores en comentar las medidas propuestas en el "Acuerdo", pero no puedo resistir referirme a tres temas. El primero es la moratoria para las prospecciones con fractura hidráulica ("fracking") y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. Claramente es un regalo a los que proponen "todo renovables" en el año 2050. Es un sinsentido sobre el que el presidente del Colegio de Geólogos de Asturias, don José Antonio Sáenz de Santamaría, ya reflexionó en un excelente artículo en este periódico. En fin, en una región como la nuestra donde hemos extraído millones de toneladas de carbón del subsuelo y cientos de millones de toneladas de escombro, que nos limiten la "excitación hidráulica" para aumentar la permeabilidad a la circulación del gas de la roca madre es un chiste y se comprueba de nuevo que las ideologías se sobreponen al bien de la sociedad.
El segundo es el cierre progresivo de las centrales nucleares. Es cierto que este es un tema tabú del que nadie quería hablar y que ha de abordarse con tiempo para prever cual será la tecnología que asegurará la generación eléctrica de base. Fijar en 40 años la vida de una central nuclear no es un criterio de seguridad, entre otras cosas porque muchas centrales han sido profundamente renovadas. Si tuviéramos centrales con tecnología soviética como la de Ignalina en Lituania o Kozloduy en Bulgaria, habría que haberlas cerrado hace mucho tiempo. Pero no es el caso y España es uno de los países que mejor operan sus centrales nucleares. Las fechas de cierre y desmantelamiento deberían ser propuestas por el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear y deberían basarse en análisis técnicos y de seguridad, "peer-review", test de estrés, políticas de los países vecinos, revisiones de inspectores de la Unión Europea (Tratado Euratom) y otros que no sean decisiones políticas e ideológicas.
El tercero es la promoción del "autoconsumo" y la reforma del decreto 900/2015. Es sospechosa la presión del lobby fotovoltaico agrupado en UNEF, y su entusiasmo por la "Plataforma por un nuevo modelo energético" (Px1NME), sobre cuya composición y actividades solo puedo pedirles que hagan una visita a internet y que comprueben si como dicen están promoviendo un sistema eléctrico sostenible y competitivo, o si por el contrario una nueva vuelta de tuerca a nuestra castigada factura eléctrica para su exclusivo beneficio. El autoconsumo sería deseable, pero en España es como pedirle a un deportista de élite que participe en una competición con 40 grados de fiebre. Hoy por hoy el autoconsumo no es socialmente aceptable porque tenemos una "mochila" en el sistema eléctrico que si no pagan los que inviertan en instalaciones para el autoconsumo la pagamos los demás, es decir, los que no tenemos capacidad de inversión. Como explicó recientemente don Nemesio Fernández Cuesta (¡qué pena que el tándem catalo-vasco no le haya permitido ser hoy CEO de Repsol!), el autoconsumo generaría subvenciones cruzadas de los consumidores más pobres a los más ricos. Mi opinión es que el autoconsumo hay que aparcarlo hasta que progrese el coche eléctrico y usemos sus baterías como almacén para la electricidad. No es un tema banal, por muy atractivo que parezca.
El proyecto de la "Unión energética" y de su propuesta de dar poder a los consumidores hace necesario que los poderes públicos y que los partidos políticos que hacen propuestas de "transición a nuevos modelos energéticos" nos presenten estudios de impacto económico, social y medioambiental de las medidas que proponen y, sobre todo, que nos digan cuánto van a costar esas medidas a los sufridos consumidores. El suministro energético y sus implicaciones económicas y medioambientales son muy importantes para Asturias y por ello propongo que Javier Fernández, al que considero conocedor de los problemas y con sólida formación, tome el liderazgo en este tema. Porque además tampoco me fío de los demás partidos políticos. ¡¡Fíjense, por ejemplo, que Ciudadanos figura entre las marcas que participan en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético!!
