Algo estarán haciendo mal los ayuntamientos asturianos y otras administraciones públicas cuando están llevando auténticos bofetones de la judicatura. En las últimas semanas los casos más ruidosos, y caros, han sido los que afectan a Oviedo, con "Villa Magdalena" y el Calatrava, cuyas sentencias favorables a la propiedad ponen a las consistoriales capitalinas al borde de la ruina total. Desde fuera, y sin haber tenido acceso a la sentencia, nadie se explica cómo el palacete que perteneció a la familia Rato puede llegar a tener el valor que le aplican los jueces del pleito. Demasiados millones para un bello edificio, pero con precios totalmente fuera del mercado, antes, en y después de la crisis.
El Ayuntamiento de Llanes se enfrenta a una indemnización millonaria destinada a la propiedad de un hotel cuya ampliación ha de ser derribada. Las tierras llaniscas llevan años vinculadas a los más variopintos pleitos alrededor del urbanismo realizado, como es el caso, o por realizar, como fueron otros.
En Gijón los jueces frenan dotaciones ya construidas, como la depuradora del Este o la regasificadora. Los promotores inmobiliarios anuncian nuevas querellas millonarias alrededor del paralizado y suspendido Plan de Ordenación.
Demasiados juicios y demasiadas sentencias contrarias a los intereses públicos, cuyos responsables han cometido más faltas de las debidas, cuyo coste pasa al bolsillo del contribuyente que termina por no entender nada de lo que está pasando. Y es lógico que no lo entienda.
