Aunque estamos oficialmente en una nueva campaña electoral, casi todos los españoles tenemos la sensación de estar durante meses e incluso años sometidos a esa tortura de ver y oír a los políticos atacarse e insultarse. Da la sensación de que estos periodos son eternos y que la única forma que conocen los políticos para promocionarse es la mala educación y el atacar al contrario, olvidando que al elector responsable lo único que le interesa es conocer los distintos programas, los proyectos de cada partido político, el cómo y la forma de ejecutarlos, y las personas que han de hacerlo.
Indudablemente en España tenemos muchos problemas, pero como más importantes, a mi juicio, aunque no los exponga en el orden adecuado son los cinco siguientes, sobre los que sería interesante saber la opinión de quienes compiten en estas elecciones.
En primer lugar la Ley Electoral. La ley vigente nació en un momento en que no interesaba que se prodigasen los partidos políticos. Ha transcurrido mucho tiempo desde el año 1978 y ya no existe ese problema. En consecuencia es inadmisible que actualmente se mantengan las listas cerradas; se aplique una ley que viola el principio constitucional que exime al elegido de la obligación impuesta por la Ley de Partidos Políticos de obedecer las órdenes del que lo presentó como candidato, como ya tuve ocasión de exponer en un artículo en este diario LA NUEVA ESPAÑA. Se necesita una nueva Ley Electoral, una nueva forma de elegir, posiblemente incluso con una segunda vuelta entre los partidos más votados, que evitaría esa discusión de otorgar preferencia a la lista más votada o a quien por acuerdos tenga mayor número de diputados.
Se necesita también una nueva Ley de Educación, una ley consensuada, no impuesta por una mayoría absoluta, como ocurrió con la actual. A la vigente, sin conocer sus efectos, se la rechaza por esa razón, sin tener en cuenta que la ley derogada nos colocaba en un nivel educativo de los más bajos de Europa. Es necesario un acuerdo de Estado para darnos una ley que premie el esfuerzo y resalte los valores cívicos, una ley que por fin nos enseñe a ser ciudadanos con nuestros derechos pero también con nuestras obligaciones.
En la regulación del mundo del trabajo conviene que no se desconozcan las nuevas condiciones que impone la globalización de la economía, con el surgir de las aspiraciones legítimas de nuevas naciones para alcanzar los privilegios del mundo occidental. El mercado a nivel mundial exige precios competitivos, pero estos no se pueden alcanzar imponiendo a los más débiles, como solución única, por ser la más sencilla, la disminución de sus salarios. Hay que mejorar en calidad, diseño, innovación... etcétera, aunque para alcanzarlo influyan otros valores. Lo que tampoco se puede pretender es el conservar unos derechos y pensar que son inamovibles, pues fueron concedidos por un régimen político para mantener la paz social en otros tiempos y ante otras relaciones, derechos que no existían en las economías de nuestro entorno.
Y llegamos al cuarto problema que nos indigna a todos los ciudadanos, la corrupción que nos invade.
Se dice que la mayoría de nuestros representantes tienen una actuación política y ética correcta, y es un pequeño número de esa "clase" el que con su conducta los desprestigia. No lo dudo, es cierto, pero no lo es menos que la mayoría, a lo largo de los años, tuvo, cuando menos, una actuación negligente. Hago esta afirmación porque, por ejemplo, todos, en mayor o menor medida, hemos visto o tuvimos la ocasión de ver en un debate en el Parlamento catalán cómo se achacaban y no se negaba el cobro de comisiones del 3 ó 5%. También pudimos leer cómo en el BO de la comunidad andaluza se publicaba la concesión a un sindicato de subvenciones millonarias sin obligación de justificar el empleo de la donación y así... hasta el infinito sin que saliese alguna voz en defensa de la legalidad. ¿Es que todos los partidos estaban en la misma situación? Me temo que sí, que lo más adecuado era mirar para otro lado. ¿Qué medidas se toman?
Pero esto nos lleva al quinto problema que es fundamental, pues la educación, investigación, el pago de nuestras deudas, la ejecución de obras públicas, la creación de empresas y puestos de trabajo requieren dinero.
En España hay muchos impuestos pero muy poca recaudación. Únicamente cumplen con sus obligaciones fiscales quienes tienen sus ingresos reflejados en una nómina y causa vergüenza, por ejemplo, que los asalariados declaren ingresos superiores a sus patronos, o que partidos políticos paguen sus deudas con dinero negro según se lee en la prensa.
¿No sería hora de que se crease un cuerpo de inspección fiscal, o se fortaleciesen los existentes en número y calidad, que pudieran por ejemplo en el IVA denunciar y sancionar a todos esos profesionales que creen que sus honorarios no tienen gravamen, o a los que, para evadirlo, preguntan si se quiere pagar con IVA o sin IVA? Igualmente que en otros tributos puedan investigar con máximas facultades, por ejemplo, si sociedades con personalidad jurídica responden a una necesidad económica o cultural o son simple pantalla para eludir obligaciones y están cumpliendo este objetivo.
Creo que los partidos nos están hablando de lo que no harán, de las líneas rojas que no pasarán, pero no de mejorar la situación de la mayoría de los ciudadanos.
