Reiteradamente aparecen en la prensa de toda España noticias semejantes a esta (LA NUEVA ESPAÑA, 27/07/16): "Hacienda ya localizó desde el aire 27.632 construcciones que no pagan IBI". Naturalmente, la impresión del lector es la de que está rodeado de miles de defraudadores, ¡que además ocultan nada menos que construcciones! Ello es así sólo relativamente. En muchos casos, el origen o responsabilidad de la irregularidad es la propia Administración.
En el año 2013 entró en vigor una regularización catastral que se extiende hasta hoy. Por medio de fotografías aéreas y a través de empresas que visitasen el terreno palmo a palmo, Hacienda se puso a revisar todas aquellas construcciones o reformas que no estuviesen censadas en el catastro. La finalidad: dotar de más medios a los ayuntamientos ante la caída de otros ingresos. Y se ha cumplido: desde 2007 los ingresos por el IBI se han duplicado. Es decir, a los ciudadanos con casa les extraen el doble de dinero. Ante la escasa creación de nueva riqueza y el aumento de los gastos (caprichosos o no) del Estado, las arcas públicas sangran la riqueza creada con el trabajo.
Pero la cuestión no es que todos esos cientos de miles de irregularidades censadas en toda España sean debidas a la malicia. Muchas de ellas lo son por causa de la incuria de la Administración.
En breve: la Ley establece que toda modificación en una vivienda debe ser comunicada al catastro en el plazo de dos meses. Pero usted puede haber ampliado o modificado su vivienda -con todos los papeles, impuestos y bendiciones- en ayuntamientos, registros, catastros y organismos regionales, pero nadie le ha hablado de tal obligación ni ellos han realizado el trámite.
Total: le cobran 60 euros por multarle, cuatro años de atrasos e intereses de demora. ¿Fraude generalizado? En muchos casos, como en otros procedimientos, abuso de las administraciones.
