Entre todos le mataron y él solito se murió, reza en el epitafio del puerto de Gijón, sometido frecuentemente a los vaivenes de la política nacional y regional y desde hace unos años judicialmente en entredicho a cuenta de los monumentales sobrecostes de la obra de ampliación.
Con frecuencia se apuntó que Europa iba a utilizar el caso de El Musel como escarnio a España por un sistema de contratación de obra pública que bendice los modificados, lo que no ocurre con semejante aparatosidad en país cualquiera del Viejo Continente. En la mentalidad calvinista que gobierna la razón paneuropea no cabe que un trabajo se adjudique a un precio y acabe costando el doble. Se considera una práctica meridional muy rechazable. Ocurre que el asunto portuario va mucho más allá: se destaparon supuestas irregularidades en la faraónica actuación y la Fiscalía Anticorrupción ha entrado en el asunto a saco y a puñal, de manera que tenemos a los exdirigentes de la Autoridad Portuaria de la época de la ampliación desfilando con frecuencia por los pasillos de la Audiencia Nacional.
Se ha declarado el estado de sálvese quien pueda: los portuarios de Gijón echan la culpa de los sobrecostes a los responsables del Ministerio de Fomento de entonces y de Puertos del Estado, y éstos silban y miran para otro lado. Sin embargo, lo realmente inquietante es que el abogado del Estado que avaló los sobrecostes entrara en el Juzgado madrileño como testigo y pueda salir como imputado. Si el garante de la legalidad no ofrece garantías, que Dios nos pille confesados...
