El avión zapador es un pájaro parecido a una golondrina, que excava túneles de hasta un metro de profundidad en los taludes ribereños para instalar sus nidos. El año pasado, la mayor colonia de esta especie en la cornisa cantábrica ocupaba un talud natural en la orilla cántabra del río Deva, en su frontera con Asturias. El talud se formó por la erosión natural provocada por las crecidas del río al borde de una amplia vega próxima al pueblo de Molleda. Durante el verano se contabilizaron más de 400 agujeros en el talud, lo que indica que la colonia estaba formada por varios cientos de aves.
El Ayuntamiento de Molleda llevaba ya unos años solicitando la construcción de una escollera para frenar la erosión del río. El año pasado un primer intento terminó con la negativa del Gobierno de Cantabria, que basó su decisión en argumentos razonados sobre la necesidad de conservar la colonia y su emplazamiento. Sin embargo, una vuelta de tuerca más del Ayuntamiento fue suficiente para que el director general de Medio Natural del Gobierno de Cantabria cediese y autorizase la obra.
La construcción de esta escollera es un ejemplo perfecto para ilustrar uno de los principales motivos por los que fracasan las políticas de conservación de la naturaleza en Europa: la toma de decisiones con criterios locales dentro de espacios protegidos con criterios internacionales. La colonia se encontraba dentro de un lugar de interés comunitario, un área integrada en la denominada Red Natura 2000 de reservas naturales europeas, creada con la idea de contribuir a la conservación de los espacios naturales más relevantes del continente. Para que esta red funcione es fundamental que cualquier decisión que afecte a la conservación de sus espacios protegidos sea evaluada en un contexto global, y no bajo criterios locales.
La construcción de una escollera en un Ayuntamiento cántabro puede parecer irrelevante cuando se valora localmente. Sin embargo, cuando decenas o cientos de ayuntamientos hacen esa misma valoración local, el resultado final son cientos de kilómetros de escolleras que provocan un grave impacto ambiental. La cuestión es que los ecosistemas tienen sus propias fronteras y éstas raramente coinciden con las fronteras administrativas que hemos establecido los humanos. Lo que ocurra en una orilla de un río afecta inevitablemente a la otra orilla y al río en su conjunto. Las actuaciones locales suman sus efectos para acabar provocando graves daños globales.
El fondo del problema quizás se deba al hecho de que la gestión de muchos espacios protegidos recae sobre diferentes organismos públicos. Por ejemplo, en este caso el lugar de interés comunitario se extiende por dos comunidades autónomas, ambas con competencias en su gestión. Además, la gestión de este espacio también recae sobre la Confederación Hidrográfica del Norte y sobre la Demarcación de Costas. Este amplio reparto de responsabilidades da lugar a situaciones paradójicas, como que el avión zapador sea una especie protegida en la mitad del río que pertenece a Asturias, pero no en la que pertenece a Cantabria. Eso a pesar de que ambas partes del río están dentro de un mismo espacio protegido a nivel europeo y de que en realidad la situación del avión probablemente no difiere mucho entre ambas comunidades. También favorece la dejación de funciones por parte de quienes deben velar por la conservación del lugar, tal y como sucedió con la Administración asturiana, que se lavó las manos alegando que la colonia estaba fuera de su territorio, a pesar de que la obra iba a acabar con una gran colonia de una de sus especies protegidas.
Según publicó "El Diario Montañés", la obra tuvo un coste de 150.000 euros, diez veces más que el presupuesto total anual para la conservación del lugar de interés comunitario del río Deva-Cares en Asturias. El terreno erosionado por el río es utilizado actualmente para cultivar maíz. Si el dinero se hubiese empleado en compensar a sus propietarios, se podrían haber cubierto los beneficios de esas cosechas durante más de cien años. Además, la conservación de este espacio y de su fauna representa un beneficio colectivo, pero la inversión realizada con el dinero de todos beneficia únicamente al propietario del terreno. El caso es un ejemplo de libro para ilustrar una gestión ineficiente del patrimonio colectivo y de los recursos públicos.
Hay que indicar, no obstante, que la decisión del Gobierno de Cantabria no es una novedad ni un hecho excepcional. Además de coordinación, una buena gestión debe ser coherente con sus objetivos y estar fundamentada en criterios razonados. Si se decide proteger una especie o un paraje hay que actuar en consecuencia, y eso es algo ausente en la gestión de los ríos y del avión zapador no sólo en Cantabria, sino en todo el norte de España.
Pero la burla al ciudadano que ha supuesto la construcción de esta escollera llega mucho más allá. En su escrito de autorización, el Gobierno de Cantabria ponía como condición la instalación de nidos artificiales para los aviones con el objeto de minimizar el impacto sobre la especie. Es una medida que cuenta con experiencias muy exitosas en países como el Reino Unido. Los nidos artificiales consisten en tubos de más de medio metro de longitud con una zona más amplia al final de cada tubo. Estos tubos se insertan en alguna estructura que sustituya al talud natural, simulando así las madrigueras excavadas por las aves en condiciones naturales. No obstante, para que estos nidos sean eficaces es necesario seguir unas pautas precisas. El caso es que las indicaciones para instalar los nidos artificiales que el Gobierno de Cantabria incluyó en su autorización no eran las adecuadas. Y para empeorarlo aún más, la empresa constructora ni siquiera cumplió con las indicaciones señaladas en la autorización, dando lugar a una situación esperpéntica. Muchos de los tubos colocados miden entre 5 y 10 cm y están encajados sin más entre las rocas de la escollera, algunos de ellos con ambos extremos a la vista. La foto que ilustra este artículo habla por sí sola. Los aviones, como era de esperar, han desaparecido de la zona.
Existen soluciones alternativas a las escolleras, pero parece que el objetivo de la Administración no es gestionar el territorio con eficiencia, sino acallar las quejas de unos pocos aun a costa de destruir el patrimonio natural del conjunto de la sociedad. Y lo hace además derrochando ingentes cantidades de dinero público. Disponemos de una amplia red de espacios protegidos europeos, pero o los gestionamos como tales o será imposible conservarlos. Si las cosas no cambian, parece que los aviones zapadores acabarán engrosando la lista de especies en peligro de extinción en Asturias y en Cantabria. Y en la medida en que otras regiones apliquen políticas similares, ese peligro de extinción se irá extendiendo a áreas cada vez más amplias.
