La corrupción económica, como es bien sabido por la opinión pública, consiste en la práctica que se da en algunas administraciones, "especialmente públicas", según reza el Diccionario de la RAE, en las que sus gestores derivan las funciones y responsabilidades que les confiere el cargo que ostentan para utilizarlas bien en provecho propio o en el de colectivos a los que directa o indirectamente pertenecen: partidos políticos, sindicatos, fundaciones, sociedades vinculadas y un largo etcétera. En todos los casos, y es lo que da caché a la corrupción, se priorizan los intereses personales sobre los generales.
Sin embargo, existen otras corrupciones mucho más sofisticadas que se apartan de la acepción anterior, una de cuyas modalidades más frecuente es la política, que es la que más ha calado en la ciudadanía y más alarma social ha creado en la sociedad. En la encuesta del CIS del mes de diciembre, la corrupción aparece como la mayor preocupación de los españoles, después del paro. También lo son los partidos políticos.
El ambiente irrespirable que se ha creado en el país por "la corrupción que apesta", en palabras del Papa Francisco, pone en cuestión hasta los fundamentos de la propia democracia . El régimen que nos hemos dado, ¿es realmente una auténtica democracia o más bien podría definirse como una partitocracia donde todo el poder está en manos de los partidos políticos?? Democracia no consiste solo en votar cada cierto tiempo para elegir determinados cargos públicos. Es otra cosa mucho más amplia, seria y distinta, tal como la conciben la doctrina política y los millones de españoles que nos sentimos defraudados. Y es esta desafección generalizada hacia los partidos y los políticos la que ha llevado a la aparición de movimientos populistas, antidemocráticos, secesionistas y radicales, generalmente de izquierdas, que se autodefinen como antisistema, pero que ya han logrado instalarse en el sistema que repudian.
En lo que a España se refiere es preciso dejar constancia que los "padres" de la Constitución de 1978, tal vez por su poca experiencia democrática, configuraron unos partidos a los que les concedieron todos los poderes, no solo el ejecutivo y el legislativo, sino que a través de diversas argucias políticas y jurídicas, promovidas, aceptadas y consentidas por ellos mismos, se les facilitó también el poder judicial. Que "Montesquieu había muerto" no solo fue una frase ingeniosa de un conocido preboste socialista ahora convertido en un auténtico y elegante señor andaluz, a la que se adhirieron con entusiasmo el resto de partidos sin excepción, para instaurar la "democracia" que aún hoy pervive en la sociedad española, a la que, efectivamente, "no la conoce ni la madre que la parió".
Pero no es solo que los partidos se hayan hecho con todos los poderes políticos, sino que además han conseguido controlar cuantos resortes de poder y de influencia tiene la sociedad, hasta convertir la democracia en una auténtica partitocracia en propio beneficio a la manera de una gigantesca agencia de colocación, en la que participan asimismo las centrales sindicales. Han penetrado en entidades paraestatales, consejos consultivos e incluso de administración de empresas privadas, asesorías y otras tentadoras instituciones, que solo sirven para pagar sueldos y prebendas a favor de políticos en paro y amiguetes de partido, porque cuentan con una enorme estructura permanente en todo el territorio nacional con recursos materiales y humanos inimaginables en cualquier democracia occidental. Y lo más grave es que este descomunal despilfarro se financia con dinero público a través de unos impuestos casi confiscatorios que debemos abonar, nada menos, que a cuatro administraciones públicas: la central, la autonómica, la provincial y la municipal.
Se ha creado una demarcación territorial del Estado políticamente inasumible y económicamente inviable diseñada en el Título VIII de la Constitución cuya necesaria reforma será objeto de una próxima reflexión. Su complejo entramado ha conseguido que los servidores públicos de la sociedad se hayan convertido en sus dueños, porque no siendo España el país ni más poblado, ni más grande, ni más rico de Europa, es sin embargo el que más políticos tiene: el doble que Italia y 200.000 más que en la Alemania federal con el doble de territorio y población. La cifra total de nuestros políticos en 2011 era del orden de 450.000, repartidos en las cuatro administraciones públicas precitadas. España era entonces el país con más políticos por habitante de Europa.
Y en cuanto a sus privilegios: pensiones mucho más altas que las del ciudadano común con menos años de cotización; dietas sin control; sueldos y retiros de por vida; estatus de funcionario sin oposición alguna; conductas que en cualquier país occidental supondrían el cese inmediato; aforamientos, etc. etc., quiebran de manera flagrante el principio básico de la igualdad ante la ley del art. 14 de la CE.
¿Cabe pensar que esta prepotencia de los partidos políticos en la sociedad pueda variar en el corto / medio plazo? Vamos a ser optimistas como consecuencia del desbloqueo de la situación política que hemos padecido casi un año. Aboguemos para hacer posible el funcionamiento "normal" de un nuevo Gobierno y una legislatura en la que tantas cosas se deben y pueden hacer, para atajar definitivamente todas las malas prácticas, abusos e inmoralidades y los partidos políticos sean el paradigma de modelo de la sociedad, si queremos, como queremos, vivir en una democracia que sustituya a la actual partitocracia tan denostada por la ciudadanía, como reflejan unánimemente todas las encuestas.
