Hoy me gustaría compartir con ustedes un tema de mucha actualidad y que pocas personas conocen, debido a que el negocio portuario es complejo y oscurantista: la estiba y los estibadores; en lenguaje más asequible, las operaciones de carga y descarga de los buques y los trabajadores portuarios que se dedican a realizar estas tareas.
Quiero comenzar con una anécdota que me ocurrió cenando en Nápoles con uno de los armadores (propietarios de buques) más importante de Italia, Emanuele Grimaldi, actual presidente de los armadores italianos. En un momento de la cena le pregunté sobre la mafia italiana y su funcionamiento. Su respuesta fue tajante: "Raimundo, las mafias existen en todos los países del mundo. Por ejemplo, en España la de los estibadores. El problema es que las personas creen que la mafia es italiana, y lo que realmente es italiana es la palabra". Como ustedes comprenderán, no le volví a preguntar más sobre el tema, ya que tenía toda la razón.
Un poco de historia: La regulación de los trabajos portuarios comienza en 1939, aunque es en 1944 cuando el famoso ministro de trabajo con Franco, Girón de Velasco, el llamado León de Fuengirola, conocido también en Asturias por construir la Universidad Laboral de Gijón, crea la organización de verdad. Y lo hace por dos motivos:
1- Porque había muchos problemas en determinados puertos para cargar y descargar buques (muchas veces faltaban trabajadores al ser un trabajo discontinuo).
2- Para dar trabajo a los veteranos de la División Azul, que venían de luchar en la Segunda Guerra Mundial.
Como consecuencia, instaura la Sección Central de Trabajadores Portuarios, haciéndola depender de las Juntas de Obras del Puerto (lo que hoy son las Autoridades Portuarias). Así funcionan hasta 1952, que pasan a depender del Ministerio de Trabajo. En 1968 se crea la Organización de Trabajos Portuarios (OTP), que dura hasta 1986. El funcionamiento era muy sencillo: cuando una empresa necesitaba trabajadores para cargar o descargar un buque se los pedía a la OTP; funcionaba como una empresa de trabajo temporal. Con el transcurso de los años, fue cambiando de nombre y pasando de capital público a mixto y de mixto a privado, para terminar hoy llamándose SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Trabajadores Portuarios), habiendo una en cada puerto.
La fuerza de los trabajadores: Si en 1964 eran 17.642, en la actualidad son 6.156. Pero fíjense ustedes, siendo casi dos tercios menos, tienen mucha más fuerza que en aquella época. La razón es evidente. Por un lado, se dieron cuenta a lo largo de los años de que por sus manos pasaba el 85% de las importaciones de España y el 65% de sus exportaciones. Y por otro, de que los diferentes gobiernos no se atrevían con ellos. Si le sumamos que las empresas portuarias poco podían hacer y, además, se encontraban cómodos en esa situación, el poder estaba asegurado. Les voy a dar un apunte, hubo un jefe de esta organización (estatal, no lo olviden) que resistió a seis ministros de Trabajo. ¿Se imaginan cómo le llamaban a la oficina donde estaba este personaje? La Casa Negra; dicho está todo.
Los gobiernos: Todos tienen su culpa. Ya desde principios de la democracia se vio que el sistema debía cambiar, pues funcionaba como un sindicato vertical dentro del Ministerio de Trabajo. Por eso, las primeras modificaciones comienzan con el Gobierno socialista de Felipe González en 1986. Pero, en el fondo, al igual que ocurre en 2003 con Aznar y en el 2010 con Zapatero, son cambios formales y societarios, porque el sistema sigue funcionando de la misma manera. Por consiguiente, los gobiernos con mayoría de González, Aznar y Zapatero son responsables de no haber solucionado este grave problema.
Ahora bien, ¿por qué se dice que el de Rajoy es el más culpable? En mi opinión, hay motivos para ello. El 25 de noviembre de 2011 la Unión europea hace un requerimiento a España donde ya le dice que el sistema vulnera la normativa de la Unión. Como se puede comprender (llega cinco días después de la victoria del PP por mayoría absoluta), no se le hace caso. Es más, la ministra Ana Pastor defiende el sistema a lo largo de 2012. Así llegamos hasta el cansancio de la Unión Europea en septiembre de 2014 cuando, a través de la Comisión, hace un Dictamen de obligado cumplimiento, es decir, ordena el cambio inmediato al Gobierno de España. Y, dado que tampoco se hace caso, la Comisión Europea recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A raíz de ahí, el Tribunal dicta una sentencia de obligado cumplimiento en diciembre de 2014 en la que dice que el sistema español restringe la libertad de establecimiento de las empresas (ya que obliga a las empresas a estar en el accionariado de las SAGEP si quieren trabajar en un puerto, lo cual es ilegal) y obliga a las empresas a contratar a determinados trabajadores (lo que también es ilegal, pues restringe el principio de libre contratación). Pero las elecciones están próximas y nadie en el Gobierno quiere afrontar esa papeleta, por lo que se llega hasta el nombramiento del actual Ministro de Fomento, que no le queda otro remedio que cumplir la sentencia o aceptar una multa de 23 millones de euros más 134.000 euros día, que le impondría a España la Unión Europea hasta que se solucione.
Los empresarios portuarios: A lo largo de muchos años (hasta finales de los 80 y sobre todo durante los 90), los empresarios de empresas portuarias éramos meros comisionistas y organizadores del trabajo. Se contrataba a los portuarios por los días que se necesitaba y se alquilaban las grúas a los diferentes puertos. A eso se metía una comisión y se le pasaba al cliente (empresa importadora o exportadora). Por lo tanto, en aquellos años el riesgo era poco y las empresas estábamos cómodas, pues el que los trabajadores portuarios cobrasen mucho no nos afectaba, ya que, al final, quien pagaba era el cliente.
Pero el tema cambia, los empresarios tenemos que comprar las grúas de los puertos, las inversiones se multiplican y el riesgo aumenta. Por otro lado, la competencia entre nosotros es mayor y a partir del año 2000 las empresas disminuyen y muchas entran en pérdidas. Para empeorar la situación, si una empresa quería estar en 15 puertos debía ser accionista de 15 sociedades SAGEP, lo cual era absurdo y muy costoso.
Pero no se planteaba un cambio con los trabajadores portuarios. Ellos seguían cobrando mucho, tenían su salario asegurado aunque no trabajasen y su fuerza se mantenía intacta. Seguro que algunos de ustedes se planteará ¿y por qué no se actuaba con los trabajadores portuarios? Por varios motivos:
1- Se sabía que no se contaba con el apoyo del Gobierno.
2- Los clientes no querían huelgas y no querían que les afectara a sus mercancías.
3- A las empresas no les afectaba mucho porque repercutían el coste sobre el cliente.
4- El sistema, hay que ser sinceros, blindaba a las empresas portuarias, y hacía que no pudiera haber nuevos competidores.
Los clientes importadores y exportadores: Como pueden comprender son los auténticos paganos del sistema actual. Ellos son los que al final pagan todo el coste. Es verdad, y hay que decirlo, que nunca quisieron afrontar los problemas que conllevaban las huelgas, por lo que cuando comenzaba un conflicto la llamada a las empresas portuarias era inmediata para pedir que se volviera a la normalidad, pues preferían estar tranquilos.
Ventajas de los trabajadores portuarios: Como decíamos al principio, su fuerza se fue acrecentando a lo largo de los años, sobre todo desde la creación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Este es el auténtico dueño y señor del sistema, pues es el sindicato mayoritario en todos los puertos de España. ¿Qué diferencias tiene el sistema? ¿Por qué es tan diferente a una empresa? Vamos a tratar de definirlas:
1- Tienen el monopolio del trabajo de las operaciones portuarias. Solo ellos pueden trabajar en las cargas y descargas de los buques.
2- Las empresas portuarias tienen la obligación de contratar a estos trabajadores. Por lo que no hay libertad de contratación.
3- En la práctica, y por mucho que lo nieguen, son ellos los que eligen a los trabajadores que entran a trabajar en las diferentes SAGEP. Y, como pueden comprender, los trabajos pasan de padres a hijos, a nietos, a primos o a sobrinos. Y si no hay parentesco, los nombra el sindicato. Por lo que los trabajadores no tienen igualdad de oportunidades para esos trabajos.
4- Tienen el mayor índice reductor del sistema de la Seguridad Social. Es decir, están igualados a un marinero o a un minero del carbón. Por lo que pueden retirarse a partir de los 52 años.
5- Como se organizan en cada puerto, hay alguno incluso con discriminación por motivos de sexo, como Algeciras, donde tienen prohibido que trabajen las mujeres, lo que es anticonstitucional.
6- Tienen un sueldo mínimo garantizado, trabajen o no trabajen.
7- El salario medio de un estibador es de unos 65.000 euros al año. Habiendo algunos en el Puerto de Barcelona o Valencia que pueden llegar a los 120.000 euros.
Los partidos políticos: Ya comentamos que, aunque todos los gobiernos fueron responsables, el más culpable de llegar a esta situación es el Gobierno anterior de Rajoy y, sobre todo, la ministra de Fomento, Ana Pastor. Ahora bien, también es responsable el que se abstuvo en la aprobación del Decreto Ley presentado por el actual Gobierno hace unos días, que terminaría con esta ilegal e injusta situación (Ciudadanos), y los que votaron en contra (PSOE, Podemos, los partidos catalanistas, los canarios y Bildu). Porque una cosa es castigar a un Gobierno y otra no apoyar una sentencia de obligado cumplimiento de la Unión Europea, que puede derivar en una sanción de 23 millones de euros más una multa de 134.000 euros día hasta que se cumpla.
La solución: Cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y terminar con esta situación. ¿Qué ofrece el Gobierno a cambio? Si algún trabajador de los 6.156 quiere jubilarse lo haría, ¡atención!, con el 70% del salario que hubiera estado cobrando. Si no quieren jubilarse, se integrarían en las diferentes empresas portuarias como trabajadores bajo el convenio de esas empresas. Habría libertad de contratación en el futuro para las empresas e igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. Pero los trabajadores portuarios quieren más: el 80% de lo que estuvieran ganando durante los últimos seis meses y, en cualquier caso, un mínimo de 2.122 euros mensuales para todos. Además, y fíjense, de alguna manera seguir mangoneando las entradas de nuevos trabajadores en las empresas portuarias. También piden que las empresas se subroguen en las condiciones actuales de los trabajadores.
Lo que es incuestionable es que por la legalidad, por la justicia y por la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, urge cambiar un sistema que pudo tener su razón de ser en otra España, pero que no puede existir en la España democrática actual, que aspira a ser un país puntero en Europa, donde la competitividad y el desarrollo de las empresas deben dar paso a una sociedad más próspera, más libre y más justa.
