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Licenciado en Dirección y Administración de Empresas | El Club de los Viernes

¿Hace falta una ley de asturianía?

Uno de los mayores complejos que tiene la izquierda asturiana es el hecho de considerar la emigración como un mal y creer que se debe evitar a toda costa que la gente salga de su terruño. Dicen que los jóvenes salieron de Asturias por la crisis y quieren que esos chicos que se fueron a ganarse la vida fuera de Asturias vuelvan a su pueblo; es más, pretenden evitar que los estudiantes de hoy se marchen a otras regiones o a otros países, pero lo único que hacen para evitarlo es proponer leyes y otorgar subvenciones a organismos, fundaciones y asociaciones para que trabajen en proyectos antiemigración.

Es un poco contradictorio que socialistas y comunistas, que gobiernan Asturias desde hace décadas, quieran evitar la emigración de los jóvenes asturianos y a la vez hagan todo lo posible por evitar que las empresas ya instaladas en la región puedan desarrollar su actividad con normalidad, acribillándolas a impuestos, acosando a los autónomos que quieren poner un negocio y amenazando con todo tipo de regulaciones inimaginables a día de hoy y a futuro. Esto, que parece exagerado, es algo que se oye en la boca de cualquier líder de nivel medio de Podemos o de IU, socios del PSOE en este tipo de políticas, ya que tienen en el Manifiesto Comunista de Karl Marx su inspiración ideológica. ¿Puede alguien que defiende suprimir la propiedad privada fomentar el desarrollo industrial de Asturias para impedir que los jóvenes emigren y propiciar el retorno de quien haya tenido que irse?

Vivimos en la era de la globalización, donde podemos conseguir de todo en casi cualquier parte del mundo, donde la Unión Europea fomenta la integración y que los europeos salgan de sus aldeas y conozcan otros países y otros pueblos donde puedan tener la opción de establecerse. ¿Se han preguntado estos políticos cuántos asturianos han optado por emigrar voluntariamente? ¿A cuántos se les quedaba pequeña Asturias?

La ley de asturianía y comunidades asturianas asentadas en el exterior, que pretenden sacar adelante en sustitución de la ley de reconocimiento de la asturianía (¡válgame Dios!), no es más que otro truño político que recoge la capacidad de otorgar subvenciones a diestro y siniestro a aquellas organizaciones, comunidades o juntas vecinales, en España o en el extranjero, que lleven en su nombre la expresión "de Asturias" o cualquiera de sus derivaciones, así como promover un Congreso Mundial de Asturianía cada cuatro años, al que la proyectada ley obligará a proveer de los medios apropiados (dinero público) para su celebración. Celebración que, para disfrute de los afortunados congresistas, podrá tener lugar en cualquier parte del mundo, incluidos paraísos tropicales y fiscales. También se recoge en dicha ley la creación de la Escuela de Asturianía cuyo fin es enseñar a los asturianos a ser más asturianos. Todas estas estructuras estarán presididas y dirigidas por algún político que se tenga que retirar de su vida en activo y por algún valor en alza que opte a una silla de ministrín en el Ejecutivo regional, evidentemente aceitado con unos buenos sueldos. Estamos hablando de hasta treinta puestos designados a dedo que incluirían representantes de todos los partidos políticos, sindicatos, empresarios, la Universidad de Oviedo, la Academia de la Llingua, la Fundación Archivo de Indianos, el Real Instituto de Estudios Asturianos y diversas asociaciones de emigrantes.

Está claro que aunque los políticos piensan que somos tontos, es hora de que alguien les diga que para sentirnos asturianos no tenemos que pagar a nadie; ni elaborar ninguna ley absurda para conseguir que los jóvenes asturianos no tengan que irse de Asturias (algo que no es malo). Por el contrario, lo que tienen que hacer es favorecer la industria y a los empresarios, hacer atractivo el Principado para que un señor de Alemania quiera invertir en Lugones para instalar una fábrica, que un autónomo que con esfuerzo construyó una nave para su negocio en Corvera no tenga que venderlo todo porque si lo deja en herencia para sus hijos tendrán un problema con la hacienda regional. Si nuestros políticos se hubieran ganado la vida trabajando antes de sentarse en su despacho, si fuesen menos profesionales de la política y más cercanos al pueblo, quizás, y solo quizás, ya se habrían dado cuenta? Pero como no es el caso, es nuestra obligación recordárselo.

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