Las pensiones de jubilación en España son algo complejo, que recientemente ha saltado a la actualidad por las quejas de los jubilados ante la escasa tasa de revalorización prevista para este año y para los próximos.
El año 2008 fue el último en que el porcentaje de revalorización fue igual al indice de precios al consumo (IPC). Durante los años de la crisis de 2008 a 2017, el índice de revalorización estuvo algunos años por encima del IPC y otros años por debajo. En el conjunto de los 10 años la revalorización media fue de 1,18% mientras que la subida media del IPC fue del 1,37%, es decir, los pensionistas perdieron de media 2 décimas anuales de poder adquisitivo en esos años, mientras que de 2010 a 2017 los funcionarios perdieron el 13,9% de su poder adquisitivo. Sin embargo, la subida acumulada media entre los años indicados fue mayor a la que representa la tasa de revalorización, alcanzando el 30,4%, porque las nuevas pensiones tienen bases de cotización mayores.
La revalorización influye en la sostenibilidad del sistema, pero no es la variable más importante, sino la edad de jubilación, la evolución del número de jubilados y de cotizantes, la base utilizada para cotizar, la tasa de sustitución y sus fuentes de financiación (cuotas sociales e impuestos).
Según la OCDE en 2014 la edad media de jubilación en España era de 62 años, mientras que según la Seguridad Social dicha edad era de 64,1 años. Con la crisis, en España, como en otros países, ha aumentado la edad media de jubilación, de forma que antes de la crisis la edad media en el mercado laboral era de 38 años y después de ella de 42 años. La reforma de 2011 cambió la edad mínima de jubilación de los 65 años a los 67.
Desde 2007 a 2016 el número de pensionistas aumentó en 1.233.962 personas, mientras que el de cotizantes disminuyó en 1.582.262 personas. A finales de 2016 había 17.851.242 de afiliados y 9.465.341 pensionistas lo que da una ratio de 1,88, o sea, algo menos de 2 cotizantes por cada jubilado. Si esta evolución se mantiene, el sistema como lo conocemos es totalmente inviable. De hecho, actualmente tiene un déficit de unos 18.000 millones de euros al año.
Las bases de cotización se calculan a partir de los sueldos que han tenido los trabajadores antes de jubilarse. Hasta 2011 se consideraba el sueldo de los últimos 15 años para formar la base de cotización. La reforma de 2011 amplió este número de años necesarios hasta los 25. Por otro lado, hay que considerar que las nuevas pensiones lo son con bases de cotización mayores por partir de sueldos más altos.
La llamada tasa de sustitución, que es el porcentaje del salario que se convierte en prestación por jubilación, en España es cercana al 90%, claramente superior a la media europea que está en torno al 70%, es decir, los jubilados españoles cobran bastante más que los europeos en proporción a lo cotizado. Así, a finales de 2017 la pensión media estaba por encima del sueldo medio de los jóvenes.
La reforma del sistema de 2013 acabó con la revalorización de las pensiones vinculada al IPC y a partir de 2019 la prestación inicial se ligará a la esperanza de vida, de forma que si ésta sube bajará la pensión. Actualmente se fija un mínimo de subida del 0,25% anual, lo que supone subidas realmente irrisorias para las pensiones bajas.
De los datos anteriores se deduce la complejidad del problema y de los diferentes aspectos que lo condicionan y que conducen al más complejo de todos, que depende de todos ellos que es la financiación del sistema. España dedica actualmente en torno al 11% del PIB al pago de las pensiones, frente al 8% de media de los países desarrollados, lo que supone un porcentaje muy superior al que destinan países como Reino Unido, Alemania o Suecia, por ejemplo.
En España el sistema se ha venido financiando con las cotizaciones de empresas y de trabajadores, pero esto ya no es suficiente, en parte porque los sueldos medios han disminuido.
Querer abordar el tema de la revalorización de las pensiones de forma aislada como pretenden distintos organismos y algunos partidos políticos, suena a demagogia, pues supone abordar de forma aislada sólo uno de los aspectos que afectan a la sostenibilidad del sistema, de forma que si el cambio supone volver a la revalorización ligada al IPC, manteniendo los demás aspectos, lo que se conseguirá es aumentar significativamente su déficit. Solo para 2018 revalorizar las pensiones un 1,6% como propone el PSOE en lugar del 0,25 previsto, supone un incremento del déficit de 1.520 millones de euros.
Hay tres formas para lograr la sostenibilidad financiera del sistema: aumentar las cotizaciones sociales, aumentar los impuestos y reducir gasto público. En general, el aumento de las cotizaciones sociales no parece una buena solución si tenemos en cuenta que eso supone en la práctica un encarecimiento del coste de personal de las empresas. España tiene una tasa de paro muy alta y encarecer el coste de personal generará más paro, por lo que no se considera adecuado este método para mantener el equilibrio financiero del sistema de pensiones. No obstante, sí podría tomarse alguna medida en este campo, como eliminar los topes máximos de cotización.
La otra vía de conseguir financiación suficiente es mediante impuestos. La presión fiscal en España es del 37% del PIB, mientras que la media europea es del 45%, es decir, esta última es más de un 21% superior. Conviene considerar que si la recaudación fiscal en España se situase en la media de Europa se ingresarían unos 66.000 millones más de euros al año. En España hay un fraude fiscal que es aproximadamente el doble del de la media europea, y también destina aproximadamente la mitad de recursos a la lucha contra dicho fraude. No se entiende bien por qué no se mejora y aumenta el sistema de lucha contra el fraude fiscal, dado que en 2014 el plan antifraude de la Agencia Tributaria recaudó nada menos que 119 euros por cada euro que gastó. Por tanto, esta es una vía para lograr más recursos.
Por último, reducir gasto público suficiente para compensar el déficit que genera el sistema de pensiones es muy difícil, tanto por la cuantía necesaria, como por la forma y los criterios que sería necesario utilizar para llevar a cabo tal medida, con las previsibles tensiones sociales que produciría.
En resumen, convertir en una carrera política la modificación del sistema de revalorización de las pensiones es una mala idea. Teniendo en cuenta la evolución prevista de la población española con un incremento sustancial del peso relativo de las personas mayores, es claro que se necesita una revisión a fondo del sistema de pensiones. Para evitar la quiebra del sistema hay que cubrir sus déficits previstos, y la manera más lógica y más justa de hacerlo es incrementando de forma significativa e inmediata la lucha contra el fraude fiscal y dedicando los recursos aflorados a cubrir sus déficits.
