Cangas de Onís, Ramón DÍAZ

La refundación del parque nacional de los Picos de Europa, con el traspaso de la gestión a las comunidades autónomas, sólo ha servido para estancar aún más el funcionamiento del espacio protegido. Todo lo contrario de lo que los dirigentes políticos habían prometido.

Un año después de que se hiciera efectivo el traspaso -el 1 de febrero de 2010- el Estado ni siquiera ha satisfecho los 5,5 millones que Castilla y León, Cantabria y Asturias consideran pendientes de la anualidad de 2011. Y tampoco hay visos de que ese dinero llegue en las próximas semanas. Esta circunstancia mantiene paralizada la ejecución de obras en los ayuntamientos que aportan terrenos al parque nacional (cinco en el caso de Asturias: Cangas de Onís, Amieva, Cabrales, Onís y Peñamellera Baja). «Cada vez que pedimos una ayuda nos contestan que no hay presupuesto y que no hay dinero», subrayaba ayer uno de los alcaldes de la zona asturiana de los Picos, cuyo malestar aumenta por momentos.

El arranque del nuevo parque nacional de los Picos de Europa, ya sin la tutela del Estado por orden del Tribunal Constitucional, está resultando muy complicado. El pasado fue un año en blanco en materia de obras, y, como mucho, gris en asuntos administrativos y de gestión. El patronato del parque nacional, que según las primeras previsiones se iba a constituir en octubre, acabó reuniéndose a marchas forzadas a finales de diciembre, según algunas fuentes, para evitar un nuevo escándalo mediático. Y aquel encuentro apenas si fue operativo, puesto que se dejó la mayor parte de los asuntos del orden del día para la siguiente reunión, que aún no tiene fecha de celebración.

El dinero es la clave principal del embrollo. La situación económica de las comunidades autónomas es delicada; así que mientras la Administración central no satisfaga los 5,5 millones solicitados, el parque seguirá sin presupuesto para 2012 y funcionando al ralentí.

El traspaso de la gestión a las comunidades autónomas tiene su origen en una sentencia del Constitucional que estableció que el funcionamiento diario de este tipo de espacios protegidos, hasta entonces en manos del Estado, debía recaer en exclusiva en las regiones. Más allá de los habituales tiras y aflojas entre las administraciones, no hubo mayores problemas en el resto de los parques españoles. Pero el de los Picos de Europa es un parque diferente, especial: el único integrado por más de una comunidad autónoma. Por tres, en concreto. Así que no se trataba de traspasar la gestión de un Gobierno a otro, sino de hacerlo a tres que, previamente debían ponerse de acuerdo sobre el reparto de los medios humanos (hasta el año pasado casi todos adscritos a Asturias) y económicos.

Las negociaciones para el traspaso de competencias comenzaron en 2005, con la idea de que se cerrarían el 1 de enero de 2006. El acuerdo sólo llegó cinco años más tarde, después de numerosas tensiones, discusiones y hasta amenazas de ruptura. Y llegó con «flecos sin cerrar»; uno de ellos, enorme: de 5,5 millones de euros, que las regiones reclamaban y que el Estado se negaba a abonar. Ahí sigue. Las tres comunidades de los Picos aseguraban hoy hace un año que se plasmaba el traspaso con el compromiso del Estado de aportar los 5,5 millones pendientes. No se ha cumplido.