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Llanes pagará su deuda de 226.000 euros con Adif, pero depurará responsabilidades

El cuatripartito encarga un dictamen para determinar la culpabilidad del "error" que condujo a este quebranto económico

13.03.2016 | 04:41

El Ayuntamiento de Llanes debe abonar este mes 211.245 euros para cerrar el "caso Feve", destapado en diciembre por LA NUEVA ESPAÑA. Es lo que resta por pagar de los 226.500 euros que cuesta recuperar un bajo comercial del edificio de viviendas de protección construido hace casi un decenio cerca de la estación de tren en la villa llanisca. El local ha de comprarse y luego cederse a Adif (empresa que absorbió a Feve) por una permuta suscrita durante la etapa socialista y que no llegó a formalizarse por un "error": la escritura de compraventa de 2007 entre el Ayuntamiento y la propiedad, por un valor de 440.000 euros, incluyó que la operación se realizaba "libre de cargas", pese a que el local debía cederse a Feve.

El cuatripartito -Foro, Vecinos x Llanes, PP e IU- quiere que este nuevo quebranto económico no recaiga sobre los vecinos, por lo que ha encargado un dictamen para determinar quienes fueron los responsables del error y exigirles que abonen esa cantidad de su bolsillo a las arcas municipales. Más: en el caso de que la investigación determine algún tipo de actuación delictiva, el equipo de gobierno trasladará las conclusiones al juez. La alternativa a adquirir el local era enfrentarse a una demanda de Adif de 600.000 euros por daños y perjuicios.

El "caso Feve" mezcla hipotecas, embargos, deudas tributarias, presuntos alzamientos de bienes y la actuación de empresas "tiburón" (las que adquieren otras en dificultades económicas, a veces en connivencia con estas, para desmantelarlas, liquidar sus activos y librarlas de sus deudas).

En abril de 2006, el Ayuntamiento aprobó un convenio con Feve para permutar una parcela de 2.079,85 metros cuadrados propiedad de la compañía por un bajo comercial de 496,86 metros, en un edificio a construir en esa parcela. Tanto la finca como el bajo se valoraron en 596.230,80 euros. El convenio fue firmado en Madrid por la entonces alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. El Ayuntamiento adjudicó la construcción del edificio, con 52 viviendas de protección autonómica, a PGS en marzo de 2007. Mediante escritura pública, el 27 de diciembre de ese año, el Ayuntamiento vendía la parcela a PGS por 440.000 euros, indebidamente, "libre de cargas".

En junio de 2011 el promotor entregó las 52 viviendas protegidas, pero no pudo ceder el local, porque antes debía de ser de titularidad municipal. PGS tuvo problemas de liquidez para pagar el IVA de la operación, lo que demoró la transmisión. Ese año, adquirió las acciones de PGS una tercera persona, que incumplió su obligación de pago, lo que motivó una denuncia por estafa, finalmente sobreseída.

En las operaciones posteriores participaron empresas "tiburón", algunas inmersas en procesos concursales, y casi todas con sedes sociales en Alicante y Benidorm. En algunas de ellas aparecen personas con el mismo domicilio, lo que apunta a la posibilidad de presuntos delitos de alzamiento de bienes. El local, además, está embargado por el Principado por una deuda de 88.122 euros con los Servicios Tributarios. La solución convenida por todas las partes es que el Ayuntamiento pague 226.500 euros (138.377,30 a la propietaria y 88.122,70 al Principado para levantar el embargo) y ceda el bajo a Adif. El precio pactado está por debajo de la tasación oficial del Principado (271.116 euros) de lo solicitado inicialmente por la propiedad (250.000 euros) y de la valoración realizada hace nueve años (596.230,80 euros).

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