"El banco no quiere reconocer lo que hizo su exagente, ni los daños morales causados. Llevamos tres años con tratamientos y esperamos que se haga justicia para poner fin a este calvario". Lo dice la hostelera Begoña Fernández, que junto con su marido fue la primera afectada en declarar en los juicios civiles (hasta 16 habrá en los próximos meses) por el "caso Bankinter", que arrancaron ayer en Cangas de Onís bajo la instrucción de la magistrado-juez Silvia Golfe.

En total, son 14 los demandantes que reclaman a la entidad financiera, por su falta de controles internos, que se haga cargo de los supuestos desfalcos cometidos por el que fuera agente de la entidad Jesús Lobato, cuyo fallecimiento, en enero de 2014, provocó la extinción de la vía penal. La viuda y el hijo de Lobato negaron durante la vista oral su participación en la estafa, que una auditoría del banco cifraba en 1,98 millones de euros. Su versión fue corroborada por los testigos, que aseguraron "no tener constancia" de su implicación.

Begoña Fernández denunció que el exagente, "al que consideraba como un hermano" y con el que compartía una sociedad, habría solicitado a su nombre, entre otras cosas, una tarjeta visa oro y un crédito, además de jugar en bolsa con sus ahorros. La mujer relató como cuando su marido permanecía ingresado por problemas de salud era Lobato el que hacía la caja del bar en el que ambos eran socios.

La primera testigo en declarar ayer fue una excompañera de Lobato, que se encargaba de los seguros y que dijo desconocer si la entidad financiera canguesa realizaba auditorías, pedía expedientes o cotejaba firmas. La directora de la zona noroeste de "Bankinter" fue la segunda en intervenir y aseguró que no tuvo conocimiento de irregularidades hasta que a finales de 2012 "por una llamada rutinaria" se dio cuenta de que Lobato suplantaba a un cliente. "Lo llamaron a Madrid y como no se presentó cerraron la oficina", dijo la mujer, que enumeró los controles ejecutados por el banco para evitar desfalcos: comprobación de movimientos de cuentas entre clientes-agentes, nivel de endeudamiento del agente y de su renta, entre otros.

La testigo contó que Lobato tenía una cartera de 204 clientes; 61 de ellos denunciaron irregularidades. El banco llegó a acuerdos económicos con 47. El resto declararán durante las próximas semanas en el Juzgado de Cangas bajo el paraguas del despacho "Espacio Legal" del gijonés Marcelino Tamargo.

Ana María Cuesta testificó a favor de Begoña Fernández, al asegurar que nunca la vio pagar con tarjeta y que tenía constancia de que parte del dinero que le dieron a la hostelera como indemnización tras un incendio "se esfumó". Cuesta denunció que ella misma sufrió una estafa por parte del exagente, al que consideraba "un amigo". "Tenía una cuenta sólo para pagar la hipoteca a raíz de la cual me abrió otras seis, me sacó dinero con una tarjeta de coordenadas, créditos y cosas muy extrañas". El cuarto testigo fue un trabajador del banco, que aseguró que era difícil que los clientes no supieran de la existencia de una tarjeta a su nombre, ya que esta se renueva cada dos años y se envía al domicilio del titular.

Tamargo hizo hincapié en que muchas operaciones se realizaron desde la dirección IP (número que identifica a cada dispositivo que se conecta a internet) de Lobato. En el informe final , el abogado puso de manifiesto la poca documentación aportada por Bankinter "de un folio de una auditoría que no es tal". "Mis clientes no son brókers", dijo el letrado, que cifró en más de 125.524 euros la responsabilidad de Bankinter con Begoña Fernández y su marido. El abogado de Bankinter, José María Rego, que rechazó hacer declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, pidió que se desestimara la demanda.

Durante la jornada se celebraron otros dos juicios: el de Covadonga Chaso y el de José Manuel Castaño. La primera denunció que Lobato solicitó a su nombre préstamos telemáticos desde 2004. Castaño, por su parte, pidió un crédito para pagar una casa, "del que el exagente se quedó con parte para jugar en bolsa", señaló. "Yo no pude pedir tarjetas porque no sé usar internet". Sus dos hijos también se vieron afectados por la estafa aunque a ellos sí los resarció el banco.