El Ayuntamiento de Llanes ha descartado, por consejo de sus funcionarios, la contratación de una empresa privada que elabore un informe jurídico externo que certifique la titularidad pública de San Antolín de Bedón. El secretario y el abogado consistorial informaron desfavorablemente en relación a la contratación de ese informe, tal como ayer reconoció la edil de Educación, Cultura y Deportes, Marisa Elviro (VxLl), porque el Consistorio no tiene competencias para acreditar la propiedad estatal del inmueble.

Elviro, que desde que tomó posesión como concejala de Cultura trabaja sin descanso para sacar San Antolín del abandono institucional en el que se encuentra, dice que seguirá luchando por otras vías para que el Estado reconozca que Bedón es suyo. "Seguiremos consultando con abogados y juristas, pero sin un informe de por medio elaborado exclusivamente para ello. La finalidad que tenía ese informe era conocer el estado de la documentación y si había alguna forma de aportar algo nuevo. Al decir el secretario y el abogado que no tenemos competencias para investigar eso, se descartó. Como es lógico, no vamos a gastar dinero público en algo que no es legal", manifestó ayer la edil.

Pese a todo, seguirá defendiendo la titularidad pública de San Antolín de Bedón. "Lo digo yo y lo dice la lógica por la documentación existente", señaló.

La batalla por la titularidad de San Antolín, una de las joyas patrimoniales de la comarca, lleva tiempo encima de la mesa. Los actuales dueños de la finca dicen tener papeles que acreditan que es de su propiedad. Existe una inscripción registral fechada en 1870, que revela que José Pesquera, antepasado de alguno de los actuales dueños, adquirió la finca de Bedón, pero sin la iglesia, al ser esta propiedad del Estado, según se indica en ese documento. Cuando se desamortizó la propiedad, en 1823 se subastó la finca, pero no la iglesia.

Desde ese momento los documentos que mencionan a San Antolín de Bedón especifican que la finca y la iglesia no van unidas, y que la titularidad de esta última corresponde al Estado. En los años treinta del pasado siglo se perdió el rastro documental de la titularidad del templo en la Administración central.