L. S. NAVEROS

La polémica ordenanza de convivencia ciudadana, que ha ocasionado incluso movilizaciones en la calle, ha recibido algunos «retoques» por parte del equipo de gobierno, tras estudiar las docenas de alegaciones presentadas por asociaciones vecinales, partidos políticos, organizaciones ecologistas y particulares. La Junta de Gobierno municipal aprobó esta semana el nuevo texto, que rebaja las sanciones previstas para el «botellón» o para las personas que orinen o escupan en la calle, e incluye nuevas prohibiciones, como la de alimentar a gatos o palomas en la calle.

En algunos casos, las modificaciones sólo han afectado a la redacción del texto, manteniendo la filosofía, como ocurre con la prohibición de «hacer acrobacias o juegos de habilidades» con monopatines, patines y bicicletas fuera de los espacios especialmente habilitados para estos juegos.

En otros, como el «botellón», los cambios son algo más profundos. El texto inicial establecía que tres o más personas bebiendo en la calle constituían un «grupo o cuadrilla», y que su conducta sería sancionable con apercibimiento y, si persistía, con multas entre 10 y 750 euros. En caso de que hubiera menores o se alterase la convivencia, la sanción podría llegar a los 3.000 euros. Con el nuevo texto, se suprime cualquier alusión al número mínimo de personas que constituyen un grupo y se elimina el término «cuadrilla». Además, se rebajan las multas por infracciones leves, que serán de entre 10 y 300 euros. Las más graves -con reincidencia, menores o alteraciones de la convivencia- seguirán teniendo multas de hasta 3.000 euros.

Atendiendo una sugerencia vecinal, la ordenanza incluye un apartado que regula el comportamiento de los dueños de animales domésticos, a los que obliga a recoger los excrementos de los perros, y prohíbe dar de comer a las palomas o a los gatos en la calle.

La prohibición de orinar o escupir en la calle se mantiene, aunque se rebaja la sanción con multa hasta 300 euros, salvo casos graves, si se hace en lugares frecuentados por menores o en monumentos o edificios protegidos.

El nuevo texto, que tendrá cinco días de información para los grupos municipales, podría entrar en vigor a finales de febrero o en marzo.