L. S. NAVEROS

El contrato de los palacios de Congresos y de las Artes sigue generando polémica, en un proceso que acumula ya ocho años y en el que participan el Gobierno regional que preside Vicente Álvarez Areces, el Ayuntamiento que dirige Gabino de Lorenzo y la empresa Jovellanos XXI, de las familias Cosmen y Lago. El contrato, que se ha convertido en un complejo sudoku, siempre tuvo un arriba y un abajo: arriba, la parcela del antiguo Carlos Tartiere; abajo, la de la vieja playa de vías de la estación del Vasco. El ojo del huracán está ahora en la parcela del Vasco, que el Principado quiere comprar para construir un Palacio de Justicia.

La valoración del suelo, y de lo que está ya construido en él, ha generado acusaciones de enriquecimiento injusto, ya que se esgrime que a la actual propietaria, Jovellanos XXI, le costó 6 millones el solar, que ahora se valora en 40 millones, más el coste de las seis plantas ya edificadas bajo rasante, lo que podría subir la factura por encima de los 70 millones.

Jovellanos XXI argumenta que se trata de una acusación injusta, ya que lo que se compró no es lo mismo que lo que se vende, y además de dinero, a cambio de la parcela la sociedad está realizando una fuerte inversión, que calcula en unos 100 millones de euros, en el Palacio de Congresos, que será de propiedad municipal y que no recibe subvención. La empresa tiene un problema añadido que preocupa, y mucho, a sus propietarios. Las obras del Palacio de Justicia deberían haber comenzado en diciembre, según el plazo que en su día anunció Areces, pero el proyecto está bloqueado tras anular el Principado el primer acuerdo por las pegas de la UE por la falta de concurso público, y sin que el PSOE haya logrado que su socio de gobierno, IU, acepte ahora la compra de la parcela a Jovellanos XXI. La situación está estancada pero los intereses del crédito solicitado para las obras por la empresa se acumulan, poniendo incluso en cuestión la viabilidad de la compañía. Y si no se despeja el Palacio del Vasco, el de Congresos puede entrar en vía muerta.

Toda la historia comenzó en 2002, cuando el Ayuntamiento adjudicó el contrato para un Palacio de Congresos municipal sin coste para las arcas locales. El diseño sería de un «primer espada», el arquitecto Santiago Calatrava. Para cuadrar los números se incluyeron las dos parcelas, y en ambas estaba previsto que hubiera edificios municipales, además de aprovechamientos lucrativos para compensar a la empresa por la inversión.

En Buenavista se iba a hacer un Palacio de Congresos gestionado por la empresa durante 50 años, y se preveía la construcción de un gran aparcamiento cedido en concesión a la empresa, un centro comercial, un hotel, un centro social para el barrio y espacio para oficinas. Casi todo se ha hecho o se está haciendo, salvo el centro social. En 2004, el Principado compró a Jovellanos XXI 12.000 metros cuadrados de oficinas en el Palacio de Calatrava por 58 millones.

Lo irreconocible es lo que pasó con El Vasco: estaba previsto, también, un gran aparcamiento, zona residencial, centro comercial y un Palacio de las Artes. Además del suelo y los aprovechamientos lucrativos, el Ayuntamiento se comprometía a hacer una serie de pagos anuales para la construcción del Palacio de las Artes -después, Facultad de Bellas Artes, después, Palacio Municipal-. Nunca puso el dinero, y en agosto de 2005, con las obras avanzadas en las dos parcelas y sin proyecto claro para el Vasco, se volvieron a calcular los números.

Jovellanos XXI obtuvo la mayor parte del suelo del Vasco no a cambio de dinero, sino de la construcción del Palacio de Congresos de Buenavista. Pero quedaban pendientes los pagos que tenía que hacer el Ayuntamiento para la construcción del edificio previsto en El Vasco y para el centro social de Buenavista. El equipo de gobierno renunció al centro social, se comprometió a pagar algo más de 18 millones por el Palacio Municipal del Vasco y cedió a la empresa la propiedad de los aparcamientos de las dos parcelas. Además, eliminó la limitación a la construcción de grandes superficies comerciales, que figuraba en el Plan General, todo ello a cambio de 2,8 millones, que la empresa pagó. Posteriormente, el Ayuntamiento decidió renunciar de forma definitiva al Palacio Municipal y ahorrarse los 18 millones de su coste, vendiendo el «trozo» del Vasco que aún era público. Sacó a concurso la parcela en 4,9 millones. Jovellanos XXI la adquirió por algo más de 6 millones, sin incluir el IVA.

El Principado insiste que la edificabilidad que Jovellanos XXI adquirió en esa subasta correspondía sólo al solar destinado a Palacio Municipal, de 13.800 metros cuadrados, mientras que el terreno que se pretende adquirir ahora tiene una edificabilidad mucho mayor, de 80.000 metros.