El Ayuntamiento de Oviedo ha decidido desbloquear el permiso para que la constructora de capital público Sedes pueda derribar el edificio de la antigua Consejería de Sanidad, situado en el número 32 de la calle General Elorza, para que no vuelva a ser ocupado. El edificio estuvo en manos de miembros de distintos colectivos sociales hasta el pasado mes de junio, cuando fue desalojado por la Policía Nacional. Los activistas bautizaron el edificio como "La Madreña".

"A partir de ahora Sedes puede hacer con el edificio lo que quiera, ya que los técnicos dictaminaron que las alegaciones no encajaban dentro del Plan General de Ordenación Urbana", aseguró ayer José Ramón Pando (PP), concejal de Urbanismo en el Consistorio ovetense. Por su parte, el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, rehusó valorar la decisión municipal alegando que no había leído todavía el contenido de la resolución.

La decisión llega tras un cruce de recursos ante el Ayuntamiento presentados por la constructora y el grupo municipal de Izquierda Unida (IU). Tras el desalojo del edificio, Sedes solicitó al Ayuntamiento la reactivación de la licencia de derribo que el Ayuntamiento le había concedido el 2 de diciembre de 2011. La intención de Sedes era la de limpiar el solar para levantar una promoción de viviendas. Pero la crisis y la precaria situación de la sociedad -ya ha despedido a buena parte de su plantilla- obligaron a Sedes a congelar el proyecto. El permiso llegó días después -la entrada en la antigua Consejería de Sanidad se produjo a comienzos de noviembre del mismo año- de que activistas del 15-M ocuparan el edificio para denunciar la especulación urbanística en la ciudad.

El Ayuntamiento dio permiso a Sedes en agosto para derribar "La Madreña", pero IU recurrió la medida. Los técnicos municipales decidieron entonces paralizar el permiso hasta estudiar las alegaciones presentadas por la coalición. Ahora éstas han sido rechazadas y los técnicos municipales no ven problemas para que la constructora lleve a cabo sus propósitos. "Sedes prefiere que sea un solar a un local social", aseguraba ayer Roberto Sánchez Ramos, "Rivi", portavoz de IU en el Ayuntamiento. IU estudia llevar el caso a los tribunales, pero lo tendrá complicado debido a las altas tasas judiciales que teme que tendrá que pagar.