La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha denegado la suspensión de la ordenanza municipal que regula la instalación de terrazas de hostelería en las calles y plazas públicas. La medida había sido solicitada por la Asociación Hostelería de Asturias al presentar un recurso contra la nueva normativa municipal. El recurso sigue adelante pero el juez considera que la medida cautelar impuesta no daña los intereses de los empresarios y la mantiene para hacer "prevalecer el interés general sobre el de la asociación recurrente".

El TSJA considera que en el caso de que prospere el recurso de los hosteleros contra la nueva regulación, que ya se está aplicando en los negocios de nueva apertura, "no se ha acreditado que sean irreparables los perjuicios económicos que se alegan". El juez considera, además, que el interés general avala las ordenanzas municipales y que éste debe "prevalecer sobre el interés particular" y entiende que no hay riesgo de que la resolución del recurso se demore, como alegan los hosteleros, ya que se trata de "un procedimiento de tramitación preferente que, en consecuencia, será resuelto sin más dilación".

La ordenanza municipal de terrazas establece una moratoria para la adecuación de las que ya existían en la fecha de su aprobación y da a los propietarios de los negocios hasta el 1 de enero de 2016 para hacer los cambios necesarios.

La Asociación Hostelería de Asturias tiene la posibilidad de impugnar la resolución del TSJA, a través de un recurso de reposición que debe ser presentado antes de cinco días.

La ordenanza municipal de terrazas fue recurrida por Hostelería de Asturias, la Federación Española de Hostelería y la asociación Unión y Defensa de Hosteleros de Asturias. El recurso de Hostelería de Asturias, que es al que ahora responde el TSJA, estaba dirigido contra el Ayuntamiento de Oviedo, la Asociación de Vecinos del Fontán, la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, la Asociación de Vecinos Afectados por la Movida, Aspaym (Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos) y la federación en la que está integrada esta última organización.

La ordenanza de terrazas fue impulsada y aprobada por el anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento. A finales de julio el nuevo tripartito decidió posponer su revisión, argumentando que existe un proceso judicial abierto. Las normas para la instalación de terrazas de hostelería fueron modificadas por el PP para facilitar la accesibilidad. Los responsables municipales negociaron durante meses con diversos colectivos sociales, entre ellos vecinos y organizaciones de personas con discapacidades, las medidas a adoptar. Los hosteleros consideran que la nueva regulación es muy restrictiva y perjudica sus intereses.