Los grupos municipales del Ayuntamiento de Oviedo (PP, Somos, PSOE, IU y Ciudadanos) tendrán la obligación de hacer públicas todas sus facturas, que incluyen gastos e ingresos anuales, así como las actividades que realicen. Cada grupo percibe anualmente 44.000 euros más 10.000 por concejal (11 el PP, 6 Somos, 5 el PSOE, 3 IU y 2 Ciudadanos). Todos ellos tendrán que poner a disposición de los ciudadanos, a través de la web municipal, una relación detallada de los gastos y actividades que hagan durante el año.

Esta medida, propuesta por Ciudadanos, se incluyó ayer en la ordenanza de transparencia debatida en la comisión de participación, presidida por la impulsora del texto y vicealcaldesa Ana Taboada (Somos). El documento también incluye la obligación consistorial de publicar todas las sentencias judiciales relacionadas con el Ayuntamiento, una enmienda que no compartió del todo el PP, que solicitó, sin éxito, que sólo se publicaran las de "mayor relevancia".

El texto, que entrará en vigor dentro de un año (hay una parte que no lo hará hasta dentro de dos), fue presentado hace dos semanas por Taboada en Junta de Gobierno y enmendado tanto por la oposición como por los propios grupos del tripartito durante diez días. Ayer, en una comisión de más de dos horas, se analizaron las enmiendas. Una de ellas, la de obligar a los asesores de los grupos a publicar sus currículum, también propuesta por Ciudadanos, fue parcialmente rechazada por el gobierno. El partido naranja pidió que la trayectoria, experiencia y formación de los asesores se publicara en la web. El tripartito aceptó que se mostrara sólo la formación, excluyendo lo demás. "Lo que queremos es que se dé información sobre los asesores para que quede muy claro que los grupos están contratando a asesores y no están contratando a amiguinos del partido para darles un puesto", aseguró Luis Zaragoza, edil de Ciudadanos, que elogió la "actitud dialogante" del tripartito, aunque afirmó que "se tenía que haber hecho antes y nos hubiéramos ahorrado todo esto".

Otra de las enmiendas que incluye el texto tiene que ver con las licencias. A partir del año que viene, las licencias que se pidan para realizar un trabajo serán públicas. PP y Ciudadanos reprocharon que deben tener filtro para proteger a los ciudadanos que las pidan para pequeñas obras.

"Si realmente hubieran querido mostrar transparencia, hubieran negociado todo con anterioridad a la redacción del texto", lamentó Cristina Fernández, edil del PP.