La pretensión del tripartito (Somos, PSOE e IU) de modificar la política fiscal de cara al 2017 para vincular a la renta de cada ovetense impuestos municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se encontró ayer la advertencia de los economistas de que es "ilegal". Los dos expertos consultados ayer por este periódico explican que un Ayuntamiento no tiene "capacidad" para realizar una reforma así, porque para recaudar un impuesto como el de la contribución en base al nivel de renta de cada vecino hay que cambiar la ley reguladora de las Haciendas locales, una norma que es de competencia estatal. Además, indican que la iniciativa iría contra la "filosofía" de impuestos como el IBI, pensados para gravar el bien con independencia de la situación económica del propietario.
Los economistas aseguran que la intención fiscal del gobierno de cara a 2017, anunciada el jueves por el edil de Economía Rubén Rosón, tiene "más de deseo que de viabilidad porque "los ayuntamientos no están para legislar sino para aplicar la ley".
Los especialistas señalan que, tal y como está la regulación actual, los ayuntamientos tienen una "capacidad limitada" en materia impositiva. Por un lado, pueden subir o bajar los tipos en base a una horquilla previamente establecida y, por otro, pueden también impulsar bonificaciones o deducciones en algunos casos. Sólo con alguna de estas dos opciones podría el tripartito llevar a cabo la idea de Rosón, que pasa por ligar los impuestos y las tasas directamente a los ingresos de los ciudadanos. El objetivo del edil, y por extensión del gobierno local, es que los ciudadanos con rentas más altas paguen más y los de rentas más bajas paguen menos.
"Como principio no me parece mal, pero creo que es una manifestación de deseo más que otra cosa", asegura Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública. "Los impuestos municipales, tal y como están configurados, no son impuestos vinculados a la renta", añade. Pandiello recalca que la intención del Ayuntamiento ovetense tiene "pocos visos de realidad" y que lo "máximo" que se puede hacer es "aplicar bonificaciones".
Santiago Álvarez García, profesor titular de Economía y Hacienda Pública y vicerrector de planificación económica de la Universidad, es tajante: "Hacer una reforma que suponga una transformación de los impuestos locales es completamente imposible desde el punto de vista legal para un Ayuntamiento. Habría que cambiar la ley y no tiene competencia para eso", aseguró. Álvarez considera que, en el caso de la contribución, la idea del gobierno acabaría con la "filosofía" del impuesto. "El IBI es un impuesto que grava los bienes inmuebles en función de su valor, con independencia de quién sea su propietario. Se estaría usando de manera parcial el principio de capacidad económica", señala. Y lo ejemplifica: "Una persona puede tener una gran inversión en pisos y tener poco dinero y al revés, tener mucho dinero y poca inversión en pisos. Vincular el impuesto a la renta sería cargarse la filosofía de este impuesto porque siempre ha sido un gravamen de un bien", abunda. En este punto, Pandiello agrega, además, que podría darse la circunstancia de que el inmueble esté alquilado, con lo que "no sabes si el dueño de la propiedad, que es el que paga, es rico o pobre" con lo que "puede suceder que estés bonificando a alguien que se supone que es propietario y resulta que tiene la casa alquilada porque ha acordado con el dueño que él paga el IBI aunque solo sea inquilino".
Rubén Rosón no aclaró ni la fórmula que utilizaría para llevar a cabo su plan ni a qué impuestos o tasas afectaría, pero, además del IBI o el IAE citó el agua, el alcantarillado y "sobre todo", tasas relacionadas con el deporte y el espectáculo. Los expertos señalaron que esas tasas "se pagan en función de un servicio" y que se pueden ajustar con bonificaciones. En el caso del IAE, matizan, la última reforma prevé que sólo tributen "empresas con un volumen mayor a un millón de euros" lo que reduciría el número de afectados.
Tanto Pandiello como Álvarez concluyen que la reforma que plantea Rosón exigiría un "problema de enorme gestión" porque exigiría el acceso del Ayuntamiento a las rentas de los ovetenses, algo "extraordinariamente complejo".
