Basta un minuto para afirmar que los servicios de limpieza urbana, o de recogida de basuras, o de arrastre de grúa volverán a ser gestión directa del Ayuntamiento, pero hacen falta años para conseguirlo. Años y mucho dinero, el necesario para comprar las máquinas y camiones, más las naves y solares, más la contratación de los trabajadores. Es decir, montar una empresa con más de 400 trabajadores y cuantioso patrimonio y equipamiento especializado, y ponerla bajo la férula de un concejal. Es decir, "lo público" frente a lo privatizado.
Al ser ésta una tarea tan empinada ayer se verificó la primera gran no municipalización de un servicio ciudadano, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA la pasada semana, y pese a que la idea de hacer públicos esos servicios era uno de los pilares del pacto de gobierno municipal trabado entre PSOE, Somos e IU. "Hay muchos servicios por municipalizar y este no es el más sencillo, pero no renunciamos a ello", explicó ayer Ana Rivas (PSOE), concejala de Infraestructuras, que desgranó las cifras conducentes a que el Grupo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC, 22 por ciento de Esther Koplowitz, y 25,6 del magnate mexicano Carlos Slim, propietario del Real Oviedo), siga gerenciando la limpieza viaria, la recogida de basuras, el servicio de la grúa y la ejecución subsidiaria de obras y trabajos, lo que significa el contrato de mayor cuantía concertado por el Ayuntamiento, a razón de 6,1 millones anuales desembolsados por el Consistorio durante el próximo quinquenio.
En efecto, cinco son los años de prórroga acordada entre el gobierno municipal y FCC para un contrato que vence el 31 del mes en curso. De las cifras ofrecidas ayer por Ana Rivas se deduce que la municipalidad se hallaba en una posición de franca inferioridad con respecto a FCC, cuyo nivel de beneficios en este contrato le ha permitido proponer una oferta que el Ayuntamiento no ha podido rechazar: una rebaja de 2,6 millones del euros de cara a los cinco años de la prórroga.
Sin atacar a FCC, Ana Rivas, reconoció que los márgenes de beneficios con Oviedo de dicho grupo son muy amplios, por lo que sostuvo que "es más barato si se municipaliza". Sin embargo, el tránsito de lo privado a lo público hubiera sido traumático para el Ayuntamiento. Por lo pronto, habría supuesto un hachazo de casi once millones de euros en el caso de haber dado por finalizado el contrato a finales de este mes.
Ese grueso montante es el resultado de sumar diversos conceptos, según refirió ayer Ana Rivas. Por un lado, se hallan 1,5 millones de euros que el gobierno municipal anterior, del PP, dejó de abonar a FCC en diverso conceptos. Otros 3,7 millones serían destinados para adquirir 10 camiones de recogida de basuras necesarios para garantizar el servicio pleno (maquinas y camiones son de titularidad municipal, como sucede con los autobuses de TUA); más cinco millones en concepto de inversiones por renovación, más la compra de tres máquinas fregadoras por valor de 726.000 euros (destinadas a un plan especial de limpieza en ciertos barrios ovetenses).
Ante ese muro de casi once millones de euros, el Ayuntamiento decidió emprender el camino de la negociación con FCC de cara a dicha prórroga. La empresa de Slim y Koplowitz seguirá trabajando para Oviedo durante un quinquenio, pero con tres contrapartidas. Una, en material rodante, ya que FCC se hará cargo de una parte del coste de los diez camiones y las tres máquinas fregadoras, lo que significará un ahorro de 1,25 millones de euros para el Ayuntamiento. Dos, una rebaja en el servicio de la grúa por valor de casi un millón de euros; y tres, el compromiso de la empresa de arreglar la situación laboral de muchos de sus trabajadores. "A día de hoy, un 50 por ciento de los trabajadores tienen contratos temporales y hay quienes llevan así durante 20 años. Además, las mujeres no tienen acceso a ese trabajo", criticó Ana Rivas. Pero a partir del acuerdo "el 70 por ciento tendrán que ser contratos fijos y al menos tres mujeres al año -15 en cinco años- han de incorporarse a la bolsa de trabajo temporal", agregó la concejala, que pospone el grueso de la remunicipalización para el futuro.
