El gobierno local (Somos, PSOE e IU) descartó ayer definitivamente la contratación de los 109 trabajadores del plan de empleo que demandaron al Ayuntamiento reclamando que se les hiciera indefinidos. La decisión fue tomada ayer en la Junta de Gobierno extraordinaria celebrada al mediodía en el consistorio, en la que se analizaron las sentencias desfavorables que, de momento, ha recibido el Ayuntamiento.
La postura de los tres socios fue la misma desde el principio: tomarían la decisión en función de los informes de los jefes de servicio encargados de determinar si los puestos ocupados por los trabajadores eran estructurales y, por lo tanto, debían hacerles contrato. Los técnicos analizaron caso por caso y concluyeron que ninguno de los trabajos realizados estaba incluido dentro del organigrama sino que eran "un refuerzo" para los funcionarios. De esta forma, y en base a los informes recibidos por parte de los jefes de servicio, el gobierno local optó por indemnizar a los demandantes. La cantidad que se destinará a esta partida rondará los dos millones de euros: 1,7 millones corresponden a la diferencia de salarios (estaban cobrando un máximo de 800 euros cuando en algunos casos debían cobrar el doble) y otros 288.000 euros en concepto puro de indemnización. De momento, de las 109 demandas que se han puesto han salido cuatro sentencias, todas a favor de los trabajadores. De ellas, una pertenece a una embarazada que el juez ha obligado a contratar.
"Nos hemos basado exclusivamente en los informes de los técnicos", argumentó ayer el concejal de Personal, Iván Álvarez (IU), quien aseguró que esta situación es "un recado más que nos deja el PP". En la misma línea se manifestó hace unos días el concejal de Economía, Rubén Rosón: "Estamos ante otro pufo más del 'caunedismo'", dijo, y rememoró otras partidas que deben asumir como la deuda con la empresa de la basura, FCC, de 1,5 millones descubierta hace semanas.
