El empresario ovetense José María Fernández Mayo Menéndez, conocido como "Morgan" y por haber estado casado con la popular Leticia Sabater, se enfrenta a siete años de cárcel por los delitos de alzamiento de bienes, por incumplimiento e irregular llevanza de la contabilidad y por presentación de datos falsos relativos al estado contable. Así se recoge en el escrito de calificación de la Fiscalía del Principado.
Según relata el fiscal, los hechos arrancan en relación a la construcción del hotel que Fernández Mayo regentó en Comandante Vallespín. Una de las empresas que participó en el proyecto del hotel reclamó por vía judicial en 2012 al empresario 105.441,63 euros por unas obras en el edificio. Ambas partes llegaron a un acuerdo para abonar la deuda a plazos. Siempre según el fiscal, la compañía de Fernández Mayo, Iverferma, sólo afrontó el pago del primer plazo. De ahí que la mercantil denunciante, respresentada por el abogado Marco Fernández Pintado, del bufete Mayo y Pintado, solicitara el embargo de sus cuentas. El 10 de junio de 2013 el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo ordenó el embargo de todos los ingresos del hotel propiedad del empresario. Pero el acusado, "para eludir las responsabilidades" de su empresa frente a la demandante "y otros acreedores", según el fiscal, vendió el 25 de junio de 2013 a Solvia el hotel por 3,5 millones. Esta cantidad la destinó a cancelar las hipotecas que pesaban sobre la finca.
Ese mismo día, y también a Solvia, propiedad de Banco Sabadell, vendió por 120.000 euros el mobiliario del hotel. De esta cantidad destinó 38.131,59 euros para pagar el IBI que adeudaba al Ayuntamiento de Oviedo. También ese día, Inverferma presentó la solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores -que lleva fecha del 23 de junio- y al mismo tiempo la petición de apertura de la fase de liquidación de la compañía. Días antes, el 19 de julio, Inverferma vendió 3 de las 21 plazas que la empresa tenía en un aparcamiento de la calle Real Oviedo. "Se desconoce el destino de las cantidades percibidas con ocasión de esta venta. Las plazas restantes están hipotecadas hasta el punto de resultar imposible obtener de ellas rédito económico alguno", asegura el fiscal en su escrito.
Además, el fiscal señala que la empresa de Fernández Mayo llevaba sin presentar las cuentas en el Registro Mercantil desde 2010, inlcuyendo los ejercicios 2011 y 2012. La sociedad presentó los balances junto a la declaración del concurso de acreedores. Pero los números, siempre según el relato del fiscal, "no reflejaban la situación real de Iverferma".
Y es que la Fiscalía del Principado considera que la empresa no presentaba unas cuentas de resultados que pudiera justificar la puesta en marcha del concurso de acreedores. Y que si esto fue posible fue gracias a que en el balance de 2011 de Iverferma se incluyó "una supuesta deuda" por más de 1,58 millones de euros reclamada por otra compañía propiedad de Fernández Mayo. "No existe justificación de dicho crédito (deuda), ni documentación que avale su realidad", alega el fiscal. La compañía que reclama las cantidades a Inverferma alega estar en situación de preconcurso por culpa de la deuda y pide ocho años de cárcel para el empresario.
