El pesado fardo judicial del Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava incorporó ayer más kilos a causa de la oposición del Banco Santander a que el Ayuntamiento adelgace la valoración del edificio, es decir, esos 96 millones de euros que la municipalidad tendría que abonar por haber zanjado con la empresa Jovellanos XXI el contrato por el que esta firma había construido el edificio y se disponía a explotarlo durante 50 años.
Si el Ayuntamiento ha de abonar esa cantidad es cuestión que se dirime en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, ya que el administrador concursal de Jovellanos XXI -empresa en liquidación-, ha reclamado los 96 millones en compensación por la ruptura del citado contrato. Pero hay otra madeja legal que ayer conoció una nueva vista en el juzgado número 6, también de lo Contencioso-Administrativo, y en la que la parte demandante es el referido Banco Santander, en contra del Ayuntamiento.
La entidad bancaria se interesa por la hipoteca de unos 45 millones de euros que Banesto -hoy en su seno- concedió a Jovellanos XXI, y recibiendo como garantía la citada concesión otorgada por el Ayuntamiento. En consecuencia, el Santander quiere recuperar ese dinero y podría conseguirlo de mejor modo cuanto más elevada sea la valoración real del Calatrava. Sin embargo, la Corporación ha encargado informes de peritos en los que se rebaja dicha cifra por cuestiones como la célebre cubierta móvil que nunca se moverá, o por la mala imagen de Jovellanos XXI ingresando en concurso de acreedores.
Pantano de valoraciones
Dos de esos informes fueron examinados en la vista de ayer bajo la supervisión de la magistrada-juez Belén Alicia López y López. En representación del Santander, el letrado Martín Pastrana, de la firma Garrigues, sometió a numerosas preguntas a los economistas Luis González Ramos e Ignacio Aracil Ávila, de la consultoría Argón; y al ingeniero de Caminos Jesús Vilanova Ramos, de la firma Ábside. Argón y Ábside habían sido contratados por el Ayuntamiento, que ayer hizo de escudo de sus respectivos informes a través de los letrados Justo de Diego y Rosa Pecharromán.
El informe de Argón realiza una valoración, exclusivamente, sobre la rentabilidad que podría obtenerse explotando el Calatrava, insistieron sus autores. González Ramos explicó gráficamente que "da lo mismo que se tratase de un palacio de cartón o de uno de mármol, porque nosotros nos centramos en lo que valdría la actividad o negocio concesional", es decir, la gestión de congresos y demás actos.
El abogado del Santander se interesó por una valoración incorporada al informe de Argón y realizada por la firma Valtecsa. "Me acabo de enterar de que un tercero ha realizado otra valoración más", señaló el letrado, que además cuestionó la rebaja de 900.000 euros que propone Argón "por la imagen negativa del concurso de acreedores de Jovellanos XXI". En medio de un pantano de valoraciones y minusvaloraciones, el abogado de los demandantes invocó que "los funcionarios municipales, es decir, un arquitecto, un ingeniero, el área de Licencias, el área de Contratación, etcétera, participaron en el proceso y se estableció en el acta de recepción una valoración de 96 millones".
Respecto al informe de Ábside, su autor, Jesús Vilanova, plantea una reducción de la valoración en 10,4 millones de euros por "elementos inútiles, como la cubierta no móvil, que sobredimensionaron los costes de la obra". Vilanova centra asimismo su informe en las lagunas de documentación existentes en el expediente del Ayuntamiento, argumento que el abogado de la demanda contrarrestó apelando al grueso de funcionarios que estuvieron en pos del contrato y su ruptura.
