En el incendio de la calle Uría no faltó el agua, sino que sobró. Así lo manifestó ayer en sede judicial el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Oviedo (SEIS), José Manuel Torres, que declaró en calidad de investigado -la antigua figura del imputado- junto a otros dos mandos, el inspector Luis Díaz Montes y el subinspector Juan José Puente. Según su testimonio, el agua "en ningún momento" condicionó la propagación del incendio y los refuerzos solicitados a los bomberos del 112 Asturias no fueron cosa suya. Dijo que los llamaron desde el parque y que él rechazó la ayuda.
La juez que investiga la muerte del bombero Eloy Palacio Alonso durante las labores de extinción del incendio, Simonet Quelle Coto, insistió mucho en sus preguntas a los investigados en cómo se había instalado el puesto de mando y en qué había consistido la coordinación. Los investigados explicaron que el puesto de mando se había ido constituyendo "sobre la marcha, de forma natural" y explicaron que no les constaban fallos en las comunicaciones ni en los equipos personales de los bomberos, en contra de lo denunciado por el bombero que sobrevivió a la tragedia, Juan Carlos Fernández Granda. Además, en su declaración, el subinspector Luis Díaz Montes también contradijo al bombero superviviente cuando negó haberle presionado durante una conversación telefónica (cuando estaba aún hospitalizado) sugiriéndole que se inventase "una buena excusa" para justificar por qué se habían bajado de la cesta del brazo articulado hasta el tejado para apagar el fuego. Montes dijo que había hablado con él en cuatro ocasiones pero que en ningún momento mantuvo una conversación en los términos referidos con el bombero superviviente.
Fue precisamente la declaración de esta persona -el bombero herido- en sede judicial, la que llevó a la juez a cambiar la situación procesal de los tres mandos, haciendo que declarasen como investigados en lugar de hacerlo en calidad de testigos.
Órdenes genéricas
Durante las declaraciones de ayer, los mandos no hablaron de órdenes directas a los trabajadores para que no se bajasen de la cesta, la versión oficial mantenida desde un principio. En cambio, lo que defendieron fue que habían dado órdenes genéricas de "atacar el fuego desde el exterior y evitar que se propagase a los edificios colindantes", y que para estos trabajos no hacía falta abandonar la cesta de seguridad.
Los tres mandos investigados respondieron a las preguntas de la juez y también a las de los letrados personados en la causa, de manera que la pequeña sala que se utiliza para los interrogatorios en la fase de instrucción se quedó pequeña para diez abogados. A una de las preguntas de una de las acusaciones particulares, relativa a si algún técnico le había advertido sobre la posibilidad de que el edificio pudiese colapsar, admitió que "una aparejadora" le había comentado algo sobre una viga, que había cierto riesgo. También aseguró que había trasladado a su jefe esta información. Mientras, José Manuel Torres explicó que si había sido así, él no lo recordaba y que no le dio más trascendencia al hecho.
