El tripartito de izquierdas que gobierna la ciudad (Somos, PSOE e IU) decidió ayer de forma oficial, a través de la Junta de Gobierno, paralizar el proceso para poner en marcha el concurso para la adjudicación del contrato de la perrera municipal. Y lo hizo, según consta en un escrito de la concejalía de Sanidad, en manos de Somos y de la que depende el albergue municipal de animales, ante la "multitud de quejas de diferentes entidades y sociedades protectoras de animales" recibidas en relación a la solvencia económica requerida en los pliegos de condiciones.

El tripartito ha asumido la quejas de las protectoras y volverá a redactar los pliegos de condiciones para la adjudicación de la perrera. En la concejalía de Somos se asume que las condiciones de solvencia económica requeridas a las entidades para poder presentarse al concurso "restringen un principio fundamental de la contratación pública como es garantizar la libre concurrencia". Y para apuntalar jurídicamente esta argumentación echan mano de la directiva 2014 / 24 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea (UE) de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y que advierte de que "exigir una solvencia económica muy elevada atentaría contra el principio de concurrencia al imposibilitar de facto la participación de pequeñas empresas, de entidades de economía social o de protectoras de animales".

En los pliegos que se han desechado se recoge que la empresa o entidad que optara a la gestión de la perrera debía acreditar una solvencia económica y financiera basada en el volumen de los tres últimos ejercicios, y demostrar que el de mayor facturación de los tres se superaron los 390.000 euros. Este requisito impide a la inmensa mayoría de las protectoras optar al contrato.

Otra de las quejas esgrimidas por las protectoras se centra en la obligación de subrogar al personal que trabaja en el albergue de animales de la Bolgachina. Los animalistas quieren trabajar con su propio personal. La concesión de la perrera iba a realizarse por cuatro años, con dos prórrogas de un año cada una. La subvención municipal para el mantenimiento del servicio durante los cuatro años de la concesión supera el millón de euros.