03 de junio de 2016
03.06.2016

Médicos y usuarios tildan de electoralista la ley contra las listas de espera del PSOE

Los facultativos consideran inviable que el decreto se concrete porque "el coste sería abrumador" y comprometería el Presupuesto regional

03.06.2016 | 04:09
Un quirófano del HUCA, durante una intervención.

Los médicos y los usuarios de la Sanidad pública desconfían del decreto que anunció el Gobierno regional para reducir las listas de espera por "electoralista" e "inviable", pues podría comprometer el presupuesto de la comunidad. La idea de la Consejería para acabar con los retrasos, anunciada para el último trimestre de este año, pone límites temporales a las esperas y prevé el desvío de enfermos a la sanidad privada cuando se superen dichos límites. El avance de la normativa que emitió la Consejería dejaba no obstante dos vías de escape, pues quedaba en manos del Servicio de Salud la decisión última de la derivación hacia la privada "en las condiciones que se determinen".

El presidente del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), Javier Alberdi, reflexionaba ayer sobre el decreto. "Por no pagar a los médicos en el sistema público están dispuestos a pagar a los de la privada, resulta un poco raro para un gobierno socialista", planteaba. Tanto el SIMPA como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Asturias, que agrupa a profesionales y usuarios, dudan de que la estrategia del Ejecutivo sea viable económicamente y cuestionan su impacto sobre el sistema público.

Sanidad difundió el pasado miércoles algunas de las directrices del decreto de garantías para el acceso a la atención sanitaria en el que está trabajando. El PP ya había presentado su propia iniciativa legislativa, que establece en 120 días el plazo máximo de espera antes de que un paciente sea derivado a un centro privado. El texto del Gobierno contempla dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis para las intervenciones quirúrgicas. Cuando ese tiempo de espera se supere, podrán acudir a otros centros públicos o privados y en este último caso la Administración regional pagará la factura, previa autorización.

El Sespa (Servicio de Salud del Principado) establecerá ciertas condiciones para hacerlo, aún sin concretar, y se compromete a velar para que en la prestación de la asistencia fuera del servicio público no participen sus propios profesionales.

Carlos Ponte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, opina que la Consejería de Sanidad está incurriendo en "un craso error" y que la nueva ley que pretende aprobar "potencia la sanidad privada".

Desde la Plataforma explicaba ayer que siempre se ha defendido el establecimiento de unos plazos máximos de demora "como un derecho de los usuarios", pero añadió que es un problema que "debe resolverse dentro del sistema público, por un lado dejando que el paciente pueda elegir otro centro público y por otro estableciendo un sistema de penalizaciones". Ponte teme que la propuesta del Ejecutivo regional "comprometa presupuestariamente la sanidad pública" por sus elevados costes. Añade que el País Vasco implantó un modelo similar y afirma que "el resultado fue un crecimiento enorme de la sanidad privada".

Además el portavoz de la Plataforma manifestó su decepción por que la Administración no haya contado con ellos para redactar el decreto.

Desde el sector profesional, el presidente del SIMPA considera que para atajar el problema de las listas de espera en la sanidad asturiana "la solución pasa por aumentar efectivos. De aquí a siete años se habrán perdido otros 1.200 médicos, y eso aboca a unas listas de espera desbocadas". En los últimos siete años, según indicó, la plantilla pública del Principado se ha reducido en 700 médicos "y ese es un lastre que estamos soportando todos".

Javier Alberdi vaticina que el decreto del PSOE "se va a quedar en nada: es imposible realizarlo y el coste puede ser abrumador". El portavoz de los médicos no pone en duda la intención del Ejecutivo: "Estoy seguro de que existe voluntad política pero no hay posibilidad real, por falta de efectivos".

La directora general de Política Sanitaria del Gobierno asturiano, María Jesús Merayo Vidal, compareció ayer en la comisión parlamentaria de investigación de las listas de espera, y declaró que el sistema sanitario público en Asturias da respuesta a las patologías graves "en tiempo razonable" y "de forma rápida".

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