La comisión de investigación del "caso Aquagest", la trama corrupta del agua por la que está siendo investigado el exalcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo (PP), se puso en marcha ayer, siete meses después de su aprobación, con una reunión de poco más de una hora en el Ayuntamiento. En ella se acordó citar a declarar a un total de 22 personas, 8 de ellas políticos del PP o con vinculaciones pasadas a este partido. Las propuestas partieron de Somos e IU, los dos grupos más a la izquierda del tripartito, que pusieron en el punto de mira a los dirigentes del PP, pero también a cinco funcionarios, ocho empresarios y varias personas que califican de "acompañantes" y que están siendo objeto de la investigación judicial que se dirime en el Juzgado número uno de Lugo. "Hay que aclarar uno de los episodios más oscuros de Oviedo", resumió Ana Taboada, líder de Somos, presidenta de la comisión e impulsora de esta investigación.
Entre los citados a comparecer en el Ayuntamiento están los miembros de la junta de gobierno que acordaron devolver a Tribugest (del grupo Aquagest y que gestionaba los tributos del municipio con el nombre comercial de Gestión de Ingresos) la fianza del contrato, pese que había informes que señalaban diversos incumplimientos por parte de la empresa. En concreto, de aquella junta de gobierno están citados el exalcalde Gabino de Lorenzo, su sucesor Agustín Iglesias Caunedo y los antiguos concejales Jaime Reinares e Isabel Pérez-Espinosa. Además, la comisión acordó citar a Joaquín Fernández, considerado en el sumario como "conseguidor" de contratos públicos, y Manuel Pecharromán, exedil popular en Gijón. Ambos fueron acompañantes de Caunedo en los viajes a EEUU y Croacia que están siendo investigados y que la juez sospecha que fueron pagados por Aquagest tras la devolución de la citada fianza.
La nómina de dirigentes populares citados la completan Carlos Guerrero, exalcalde de Pravia, y Carmen Maniega, presidenta del PP de Avilés. De estas ocho personas, cuatro (Caunedo, Fernández, Pecharromán y Guerrero) tienen la condición de investigadas (término como se conoce ahora a los imputados). Pérez-Espinosa y Carmen Maniega declararon en el juzgado en calidad de testigos. Algunos de ellos ya confirmaron ayer su voluntad de acudir a la comisión, como Caunedo o Pérez-Espinosa. El resto, de momento, no se han manifestado.
La intención de la comisión, integrada por cuatro miembros del PP, dos de Somos, dos del PSOE, uno de IU y uno de Ciudadanos, es que las comparecencias empiecen ya el próximo día 17 de octubre, que es cuando se volverá a reunir. A partir de entonces lo hará cada 15 días y con un plazo máximo de seis meses.
Ana Taboada confió en que los citados acudan a la comisión "por obligación moral y ética". Gerardo Antuña, edil popular, señaló que su partido no pondrá "ningún obstáculo para que se debata".
Este tipo de comisiones, que vienen reguladas en el artículo 104 del reglamento municipal, no son vinculantes. Las conclusiones que se saquen o las decisiones que se tomen tendrán que ser llevadas a Pleno para su discusión y su votación.
