Siete familias se resisten al derribo del penúltimo poblado gitano de Oviedo

La demolición de las viviendas sociales del Cascayu, que empezó ayer, y más adelante la de Piedramuelle pondrán fin a los guetos en el concejo

21.10.2016 | 17:32
Siete familias se resisten al derribo del penúltimo poblado gitano de Oviedo
Siete familias se resisten al derribo del penúltimo poblado gitano de Oviedo

Adela Larralde y Arturo Montes son dos de los últimos vecinos del poblado de viviendas sociales del Cascayu, muy próximo al polígono industrial del Espíritu Santo. Ayer empezó su demolición y ambos andaban preocupados desde primera hora de la mañana. Llevan viviendo allí dieciséis años, desde que el Principado entregó esas casas, y con ellos residen también otras cinco familias, todas gitanas y unidas por lazos de sangre, que no se quieren ir. A pesar de su resistencia, el director general de Vivienda de Asturias, Fermín Bravo, asegura que no hay marcha atrás y que el derribo del Cascayu forma parte de un plan para acabar con los guetos para gitanos en Oviedo y en el resto de Asturias.

En Oviedo, tras el desalojo del poblado chabolista de La Malata el pasado mes de agosto, solo quedan las viviendas sociales del Cascayu -con siete familias- y las de Piedramuelle -con once-. El Principado tiene previsto que a mediados del año que viene el Cascayu haya desaparecido, revertir el solar al Ayuntamiento y tener reubicados a sus habitantes en pisos sociales; después, emprenderán el desalojo del núcleo de Piedramuelle.

Fermín Bravo estuvo ayer por la mañana en El Cascayu, supervisando el inicio del derribo, y con él los arquitectos que firman el proyecto, Laura Ybar y Andrea di Marco, y varios técnicos de las administraciones regional y local. Antes de que la pala excavadora empezase a trabajar Bravo explicó que "la inclusión social pasa por que todo el mundo viva en iguales condiciones" y manifestó que el modelo del Gobierno socialista está basado en "la integración". Las familias que residen en el Cascayu no lo tienen tan claro, ni mucho menos. Temen no poder hacer frente al pago de los alquileres y los gastos de comunidad, electricidad y calefacción de las viviendas sociales que les ofrecerá la Administración.

Arturo Montes contaba ayer que con 150 euros de leña su familia se calienta todo un invierno. En un piso tendrá que pagar la calefacción de gas ciudad. Hace cuentas y no le salen. "A los dos meses me van a echar porque no voy a poder pagar", adelanta.

Frente a él, en el bloque número tres del Cascayu, vive Adela Larralde que, además de ser reacia al traslado por cuestiones económicas, explicaba que ella en un piso "se ahoga". Ocupa ese bloque, formado por cuatro viviendas, con sus hijos y sus nietos, una veintena de personas en total. Cada familia paga por el alquiler de su casa veinte euros, una cantidad que prevén que se multiplicará casi por diez en un piso social, entre renta, comunidad y gastos fijos, y a la que dicen no poder hacer frente mes a mes.

El director general de Vivienda del Principado, Fermín Bravo, asegura que no hay marcha atrás. Ayer los trabajadores de los Servicios Sociales intentaban tranquilizar a las familias asegurando que estudiarían fórmulas para que pudieran hacer frente a los gastos de su nueva vivienda.

Bravo se mostró comprensivo con "su miedo a salir" del poblado y prometió que contarán con el apoyo de un educador social para reintegrarse en su futuro hogar con éxito.

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