El concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, confirmó ayer la denuncia que la semana pasada realizó el sindicato CSI en nombre de los trabajadores del área municipal de Cultura referida a un presunto fraude continuado en la gestión de las taquillas de los recintos municipales y en la forma en que se gestionaba la programación en estos espacios.

Según ha podido saber este periódico, las supuestas irregularidades afectan a casi cinco millones de euros que se habrían escapado de todo control municipal durante los últimos cinco años. El concejal de Cultura confirmó la cantidad y detalló que fue él quien, al observar anomalías, mandó abrir un expediente en el que participaron todos los funcionarios del área. Esa documentación sobre "actividades de pago en locales municipales que revirtieron cero euros en las arcas públicas", explica Sánchez Ramos, está ahora en manos del Interventor que debería emitir un informe sobre los hechos denunciados.

Según la denuncia de CSI, las supuestas prácticas fraudulentas pasaron por la creación de una "oficina paralela" desde la que se gestionaba actividad de Cultura sin que los técnicos del área tuvieran control sobre la misma. De esa forma, siempre según la denuncia de los trabajadores hecha pública por CSI, lo que sucedía era que se tramitaban exenciones del pago de las correspondientes tasas públicas a promotores privados que querían traer sus espectáculos a la ciudad sirviéndose de la SOF como una entidad pantalla y el dinero de taquilla pasaba directamente del recinto municipal a manos privadas, sin la correspondiente fiscalización por parte del Ayuntamiento.

El volumen del dinero que se escapó de esa fiscalización sumado a las exenciones irregulares de tasas es lo que sumaría los cinco millones de euros.

Sánchez Ramos declaró que fue él quien detectó la anomalía de estos procedimientos mandó parar estas prácticas después de consultar a los servicios jurídicos consistoriales. "'No firmes ninguna solicitud de estas características', eso fue lo que me dijeron, y ahí detuvimos esa forma de funcionar", resume Sánchez Ramos.

El concejal de Cultura explica que detectó el supuesto fraude tras ver cómo una empresa privada les exigía a él y a los funcionarios que se tenían que custodiar 400.000 euros de sus ingresos. "Tuve que explicarles que no eran suyos, que en todo caso serían del Ayuntamiento de Oviedo y que a ellos se les pagaría la parte que les correspondiera", resume el concejal.