La familia del profesor Isaac González, asesinado en el año 2002 por quien había sido su yerno, vive "atemorizada" ante la posibilidad de que el autor del crimen salga de la cárcel, en el que sería su segundo permiso en la pena de 41 años y seis meses que le impuso el Tribunal Supremo. Por eso ha presentado un escrito de alegaciones oponiéndose a la solicitud que ha hecho en ese sentido por el riesgo a que quebrante la orden de alejamiento que pesa sobre él y delinca de nuevo.
El representante legal de la familia, el abogado Alejandro Riera, sustenta esa suposición en varios hechos. Afirma que el condenado, José Luis Fernández Alas, ha intentado que se le levantara la orden de alejamiento de sus víctimas, argumentando que tiene derecho a ver a sus hijos. Explica que al no conseguirlo, solicitó que se le permitiera mantenerse a doscientos metros de ellos, en lugar de los quinientos que se habían fijado.
En noviembre de 2002, después de matar a su exsuegro, José Luis Fernández Alas, se dirigió al domicilió de la víctima y retuvo a su exmujer, sus dos hijos de ocho y nueve años y a otros dos parientes que estaban con ellos. Allí fue detenido por la Policía, con el hacha que utilizó para matar al profesor, que tenía problemas de movilidad, aún ensangrentada. El abogado refiere que el asesino ha intentando reducir el importe de la indemnización que debe abonar a sus víctimas por daños y perjuicios. El Instituto Nacional de Seguridad Social le descuenta una cantidad mensual de la pensión que cobra por una invalidez permanente, a causa del trastorno mental que desarrolló posteriormente al crimen, según indicó. El abogado afirma que la familia recibió "con indignación" la noticia del primer permiso que el asesino convicto disfrutó en 2016. Ahora, al conocer todos los pasos que ha dado para modificar las condiciones de su condena, asegura que sienten miedo. Alejandro Fernández Alas fue condenado por asesinato, allanamiento de morada y cinco detenciones ilegales a 41 años y 6 meses de prisión, con la prohibición de acercarse y comunicarse con las víctimas durante cinco años, y a indemnizarles con 338.000 euros.
