Si el Ayuntamiento de Oviedo pretende cobrar de la Administración regional un canon económico anual por los gastos adicionales y la merma de ingresos que le supone ser la capital de Asturias, lo primero que tiene que hacer es demostrar que merece tal compensación. Es decir, presentar un balance en el que se justifique que la capitalidad conlleva mayores costes que beneficios, para, a partir de ahí, y en caso de que el saldo sea negativo, cuantificar en qué cuantía merece ser resarcido. Esta es la opinión de los expertos en Hacienda Pública ante un debate que ya puso encima de la mesa el actual delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo (PP), cuando era alcalde de Oviedo, y que ahora resucita de la mano del concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), firme defensor de negociar con el Principado una ley de capitalidad como la que ya tienen Santiago de Compostela, Logroño, Vitoria, Palma de Mallorca o Zaragoza, con un canon anual de la Administración autonómica que oscila entre los dos y los 21 millones de euros.
Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, compara la reclamación de un estatus de capitalidad con la reivindicación de los municipios costeros, que ofrecen una serie de servicios a los visitantes que éstos no costean por la vía impositiva. A su juicio, "puede ser" que la ciudad tenga derecho a ser resarcida, pero siempre que "demuestre" que "los costes de ser la capital de Asturias son mayores y tienen un peso más importante que unos beneficios que también está claro que existen". "Es cierto que, por ejemplo, hay edificios del Principado que no pagan el IBI, pero también que los centros administrativos generan una importante actividad económica", explica.
Ahora bien, Pandiello también alerta de la posibilidad de que otras ciudades asturianas, como Gijón, se ofrezcan a ser la sede de las administraciones autonómicas sin necesidad de percibir compensación alguna, por entender que sus efectos positivos son mayores que los negativos. Este experto entiende, además, que en el caso de una capital a nivel estatal como Madrid está "más claro" que debe haber algún tipo de aportación extraordinaria que en una provincial o autonómica, como es el caso de Oviedo, donde resultaría "más complicado" justificar que los costes superan a los beneficios.
Santiago Álvarez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, experto en Hacienda Pública, coincide con Pandiello en que, para empezar a hablar, resulta imprescindible contar con una balanza en la que se especifiquen con detalle los costes y los beneficios de la capitalidad a la hora de decidir si Oviedo necesita un estatus económico especial. En todo caso, y más que un canon anual estipulado mediante una ley, este experto considera que la ciudad sería merecedora de una "dotación extraordinaria en materia de transporte y movilidad", habida cuenta de que, a su juicio, la capitalidad comporta "problemas de congestión de tráfico". En cualquier caso, Álvarez considera que la reclamación que comparten Somos y PP a nivel municipal debe basarse en "números", en "un balance de costes y beneficios".
Empleos
Aunque el asunto se planteó ya por vez primera hace una década, ni Pandiello ni Álvarez conocen estudio alguno sobre lo que supone la capitalidad para Oviedo. Tampoco los partidos con representación en la Corporación manejan informes específicos sobre el particular, aunque el alcalde, el socialista Wenceslao López, reseñó la semana pasada que ser la sede la Administración del Principado permite que Oviedo tenga unos 15.000 empleos más que Gijón, lo que, en términos de renta, y según sus cálculos, supone alrededor de 450 millones de euros al año.
El PP ovetense, por su lado, presentó en el Pleno del pasado martes una moción urgente en la que se instaba al tripartito a encargar un informe interno sobre los costes y beneficios de la capitalidad. "La deuda es histórica, el Principado acumula decenas de años de compromisos sin cumplir, frente a un comportamiento distinto con otras zona, algo que debe de acabar, ya que Oviedo tiene que ocupar el lugar que se merece", sostienen los populares, que vieron como su propuesta de informe quedaba postergada después de que el equipo de Gobierno votara en el Pleno en contra de su urgencia.
El Ejecutivo de Javier Fernández no se ha cerrado en banda a negociar con el Ayuntamiento de Oviedo una ley de capitalidad. Sin embargo, sí que ha emplazado al tripartito a presentar una propuesta seria en el caso de que realmente aspire a contar con un estatuto propio.
