Los bomberos declaran que faltó agua en el incendio de Uría 58 y los mandos lo niegan

La mayoría de bomberos dijeron que no, que el agua se interrumpía cada poco, que el chorro no salía con la presión ni el caudal suficiente. Y que "si le hubiéramos metido agua en condiciones al principio, se hubiera apagado". Los mandos del mismo servicio, sin embargo, negaron la versión de los hombres que estuvieron intentando controlar el incendio a pie de calle, escalera y hasta alero del tejado. Los hidrantes funcionaron y hubo agua suficiente.

Los abogados de Aqualia, la empresa que gestiona el servicio de agua en Oviedo, también centraron en la cuestión de los hidrantes los interrogatorios, con preguntas tendentes a tratar de probar que el mantenimiento de las bocas de agua no era competencia suya, sino de los bomberos, y que si se taparon bocas o no se realizó el correcto mantenimiento no es problema de la empresa adjudicataria. Algunos bomberos confirmaron parte de esta hipótesis y ayer declararon que, efectivamente, las bocas de riego no se revisaban salvo por casualidad o emergencia. Nunca de forma rutinaria o sistemáticamente.

Por la tarde declararon principalmente los peritos convocados por unas y otras partes, que en síntesis coincidieron en hubo carencias de medios (agua) y de organización y discreparon sobre las responsabilidades en lo relativo al origen del fuego. Así, hubo quien centró las culpas en el mantenimiento del edificio, la presunta presencia de humedades y quien incidió más en el problema de la falta de medios para apagar el incendio.

"Caos procedimental"

En lo que sí hubo mucho consenso entre la mayoría de abogados (ayer hubo en torno a quince letrados representando a las distintas partes personadas en las 24 reclamaciones presentadas) e incluso testigos fue en las protestas por la forma en que el Ayuntamiento desarrolló ayer la instrucción.

Miguel Teijelo, abogado de la propiedad del edificio, denunció, y no fue el único, que lo sucedido ayer fue "un auténtico caos procedimental", un "batiburrillo de pruebas y despropósitos" que han llevado a una situación de "indefensión".

El problema de fondo es que los expedientes derivados de las 24 reclamaciones de responsabilidad patrimonial no se han unificado, pero sí se decidió acumular la práctica de la prueba pericial y testifical, la desarrollada ayer. De esta forma, ninguna de las partes personadas en algunas de las reclamaciones conocía ayer, cuando entró por la puerta del Ayuntamiento a las nueve y media de la mañana, quiénes iban a ser los testigos convocados, quiénes los peritos o qué pruebas se iban a practicar. Sólo el instructor del caso y el Secretario municipal tenían toda la visión del asunto.

Además, hubo incluso abogados que descubrieron ayer que había reclamaciones en las que sus clientes habían sido denunciados sin ellos saberlo ni haberles sido notificado el expediente para que se personasen.

Entre otras irregularidades, los abogados también se quejaron de la premura con la que habían sido citados a las pruebas realizadas hoy, que sumada a la falta de información sobre testigos y peritos hizo inviable en algunos casos que los letrados pudieran desarrollar su trabajo con normalidad.

Igualmente, se permitió a algunos testigos y peritos una fórmula que algunos abogados consideraron inapropiada, consistente en permitirles ratificarse en sus declaraciones y ahorrarles así dar testimonio ante los abogados de las partes. Otros abogados, como los de Aqualia, se quejaron de que no habían recibido todavía nada de toda la documentación solicitada al Ayuntamiento hace ya semanas.

Otra queja más fue la referida al concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, apartado como testigo al poner una abogada la tacha de que no podía prestar declaración quien debe resolver el expediente.

Las pruebas concluyeron ayer. Queda ahora un plazo de mes y medio para que se cumpla el plazo máximo de un año y se resuelva el expediente que, después, con toda seguridad, dará paso a lo que ya se presenta como un largo y complicado proceso judicial.