El Ayuntamiento de Oviedo ha recurrido al menos cuatro veces en los últimos meses al Consejo Consultivo del Principado para la revisión de oficio y posterior anulación de contratos suscritos por el Consistorio, pese a que las fuentes jurídicas consultadas por este diario sostienen que se trata de un procedimiento extraordinario y que, en ningún caso, puede convertirse en "rutina para amparar malas prácticas de las administraciones".
La adjudicación verbal de la campaña contra la violencia machista en las fiestas de San Mateo a una firma sin capacidad legal para contratar con las administraciones es el caso más llamativo de los que han llegado al Consultivo desde Oviedo en los últimos meses, pero no el único. El consejo que preside Bernardo Fernández, consejero de Presidencia con Pedro de Silva y gran arquitecto de la estructura jurídica de la autonomía, también ha dictaminado en los últimos meses la revisión de oficio y la nulidad de la contratación verbal del suministro de comidas y cenas de la casa de acogida del Centro Asesor de la Mujer; el del servicio de limpieza del Auditorio Príncipe Felipe, que también se había contratado verbalmente, y el de los servicios postales y telegráficos, que, de igual forma, se llevó a cabo sin contrato físico que amparara la adjudicación, una vez que el Ayuntamiento asumió como servicios propios los desempeñados por la Auxiliar de Recaudación.
Las revisiones de oficio para la nulidad del contratos se plantean por el Ayuntamiento para poder pagar servicios que se han prestado tras una contratación verbal. Se trata de una tramitación equivalente al reconocimiento extraoficial de créditos. La cuestión, según apuntan los juristas consultados, está en determinar si una empresa que aceptó continuar el servicio que prestaba sin que mediara contrato tiene derecho a cobrar el beneficio industrial, así como lograr que los ayuntamientos no vean en la nulidad una forma rutinaria de sacar adelante contrataciones irregulares o con defectos de forma que son reconocidos por las propias administraciones municipales.
La teniente de alcalde de Oviedo, Ana Taboada (Somos), aseguró ayer que la adjudicación de la confección del material para la campaña contra las agresiones sexistas de San Mateo, de forma verbal y a una empresa sin capacidad legal para contratar con el Ayuntamiento, supuso "un trámite administrativo normal que hay que hacer como con otros contratos que se han llevado a cabo en este Ayuntamiento".
"La campaña ya estaba en marcha y había que asumir ese contrato, porque había una obligación con la empresa comprometida previamente y todos los materiales de la campaña estaban en marcha", explicó Taboada.
Tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, tras los reparos expuestos por el servicio municipal de Intervención, el Consejo Consultivo, a instancias del gobierno local, estima en un reciente dictamen que procede declarar la "nulidad de pleno derecho de la adjudicación", por cuanto la concesión se hizo de manera verbal a una comunidad de bienes, asociación de autónomos que carece de capacidad legal para contratar con las administraciones.
Tanto Intervención como el Consultivo alertan de las posibles consecuencias legales de este tipo de procedimientos.
