El diputado regional del PP José Agustín Cuervas-Mons, que ha testificado hoy en la tercera sesión del juicio contra el ex edil popular Alberto Mortera y otros dos técnicos municipales a los que se acusa de prevaricación, ha declarado que la disolución de Gesuosa generó "cierto desorden" y que este hecho fue "fundamental" para justificar la ausencia de control en las parcelas del polígono de Olloniego.

A su juicio, este descontrol justificaría la concesión de la licencia de obra y la devolución del aval a Bitácora 2000, cuando no era la adjudicataria de la parcela y a pesar de que una de las condiciones que impuso el Consistorio a las adjudicatarias era la imposibilidad de vender la parcela en un periodo de dos años.

Cuervas-Mons, concejal de Urbanismo de Oviedo entre 2003 y 2007 y presidente de Gesuosa, sociedad que adjudicó las parcelas, estableció las condiciones y encargada de realizar un seguimiento del proyecto, ha explicado que tras la disolución de ésta, los expedientes de las parcelas fueron trasladados al departamento de Licencias y Patrimonio del Ayuntamiento de Oviedo.

Sin embargo, ha reconocido que no se dieron instrucciones concretas ni se estableció un procedimiento especial para estos expedientes, a pesar de que era un proyecto prioritario para el Ayuntamiento y de su envergadura.

Además, ha insistido en que el departamento de Licencias tenía un carga "elevada" de trabajo en aquella época y tramitaba "entre 2.300 y 2.700 expedientes de obra al año", por lo que no se podía analizar todo en profundidad.

En su condición de concejal de Urbanismo en aquella época, ha hecho hincapié en que se pasó tardes enteras firmando licencias de obra y que era imposible estudiar cada expediente "folio a folio".

Sobre este asunto, ha subrayado que eran los técnicos municipales los encargados de estudiar los expedientes de cada proyecto de obra y que, una vez analizados y comprobado que se ajustaban a las condiciones, era él quien los firmaba.

Tanto Cuervas-Mons como otros técnicos municipales que han testificado hoy han reconocido que la actividad del departamento de Licencias era de mucho volumen y que se daban instrucciones para sacar los proyectos con "la mayor celeridad posible para evitar que se colapsase el servicio".

En este sentido, todos los técnicos municipales han coincidido en que no conocían las condiciones resolutorias que pesaban sobre las parcelas del polígono de Olloniego.

Respecto al hecho de que se construyesen 17 naves cuando el proyecto inicial recogía dos, han admitido que las modificaciones en el proyecto eran algo habitual, y que éstas se incluían al final del mismo.

Por su parte, el edil responsable de la sección de Patrimonio entre 2007 y 2011, Iván de Santiago, ha reconocido que conocía que las parcelas tenían unas condiciones resolutorias, pero desconocía cuáles, ya que a su llegada nadie le informó de ellas ni "de nada del proyecto de Olloniego".

De Santiago ha explicado que su sección autorizó la devolución del aval después de pedir a Licencias un informe en el que acreditaba que la empresa tenía licencia de actividad y la obra estaba ejecutada.

Además de concejal de Patrimonio, De Santiago era abogado de la familia dueña de la empresa Bitácora 2000, cuya actividad quedó reducida a la construcción de las naves de este proyecto y sin generar ninguna actividad empresarial, ya que las vendió todas.

Unos hechos que contradicen las condiciones resolutorias de las parcelas, que comprometían a la empresa adjudicataria a generar empleo en la zona y, en este caso, se limitaron a promover para vender.

Por último, uno de los testigos peritos, al que Bitácora 2000 encargó las obras de la parcela, ha admitido que el dueño de Urvisa tenía participación en Bitácora 2000 y que la obra se ejecutó en dos fases, aunque el proyecto de obra no recogía nada de esto, por "problemas económicos".