17 de mayo de 2018
17.05.2018

Cuentas pendientes: el ajuste de Gijón y la amenaza de intervención al Gobierno de Cascos

17.05.2018 | 04:01

La situación del Ayuntamiento de Oviedo no es tan mala como pudiera parecer si logra aprobar la modificación presupuestaria. Y, aunque no es consuelo, la ciudad no está sola en lo de tener problemas con la legalidad del presupuesto. El gobierno municipal de Gijón, sin ir más lejos, se ha encontrado a final de año con el incumplimiento de la regla de gasto (los Ayuntamientos no pueden incrementar su gasto respecto al año anterior más que en una tasa que establece Madrid, un dato que no se puede contabilizar hasta final de año). Eso le ha obligado, como también le ha pasado otras veces a Oviedo, a elaborar un plan de sostenibilidad para reajustarse que ahora el Principado (que es quien tiene la tutela de la fiscalidad de las administraciones locales) vigilará. Pero fue la amenaza que recibió el Gobierno regional cuando ocupaba la presidencia Francisco Álvarez-Cascos. Hace ahora justo seis años, con Cascos en funciones, Montoro mostró sus dudas sobre la capacidad de Asturias de cumplir con la estabilidad financiera. Aunque al final no hubo intervención.

¿Por qué ha recurrido Abogacía del Estado el presupuesto municipal?

Por incumplimiento de una de las leyes principales de Establidad Presupuestaria del Ministro Montoro, la que establece que ningún Ayuntamiento puede plantear un presupuesto que incurra en déficit. El de Oviedo, en su primera aprobación definitiva, planteaba gastar 4,5 millones de euros más de los ingresos previstos.

¿Qué puede suponer para Oviedo? Hacienda pide cautelarmente la suspensión del presupuesto, lo que impediría ejecutar remanente, superávit e inversiones. Automáticamente se prorrogaría el del año pasado, limitándose a los gastos previstos entonces.

¿Qué puede hacer el Ayuntamiento? En realidad ya lo ha hecho: modificar el presupuesto para que deje incurrir en déficit. La modificación, con la que también incorpora un crédito para pagar el Calatrava, deja un superávit de un millón.

¿Por qué denuncia, entonces, Hacienda? Porque la modificación presupuestaria se aprobó inicialmente, se encuentra en el proceso de información pública y todavía no tiene carácter definitov. Por eso el Alcalde pide una suspensión del proceso en el TSJA, para presentar, en dos semanas, la corrección del presupuesto y evitar que se paren las cuentas.

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