Por segunda vez en dos meses, el Ayuntamiento de Oviedo deberá legalizar un piso turístico. Al igual que hiciera el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 el pasado mes de abril, una nueva sentencia, en este caso del juzgado número 2, obliga al Consistorio a anular la denegación de licencia para este tipo de actividad. Urbanismo había justificado su decisión en la ausencia de una normativa local específica para viviendas turísticas y la falta de adaptación del inmueble solicitante a las normas municipales de uso hotelero.

La jueza Pilar Martínez Ceyanes considera que, ante la falta de una regulación local de la actividad, la misma "está más próxima al arrendamiento que al uso hotelero". Esto significa que la magistrada rechaza la validez de la aplicación por parte de Urbanismo de la normativa de pensiones para rechazar las licencias a los pisos turísticos, salvo en los casos en los que se encuentran en un primer piso o un entresuelo. Del mismo modo, Martínez Ceyanes señala que las características de la propiedad del solicitante de la licencia cumple las condiciones del decreto del Principado de Asturias por el que se regula este tipo de actividades económicas turísticas "sin que resulte contraria a la normativa urbanística".

Este revés judicial se suma al que supuso el fallo del juez Miguel Ángel Carbajo Domingo el pasado mes de abril cuando dictaminó la anulación del acto administrativo por el que se denegaba la licencia a un propietario de un piso turístico. El principal argumento del magistrado fue que la resolución municipal iba en contra del ordenamiento jurídico europeo, concretamente en relación a una directiva europea cuya motivación es aligerar las trabas administrativas.

Esta segunda sentencia abre la puerta a los 300 propietarios de inmuebles destinados a esta actividad en Oviedo a acudir a los tribunales para regularizar su situación. El tripartito anunció tras la primera sentencia que recurriría el fallo a la TSJA, pero también admitió estar buscando alternativas para poder conceder licencias. De todos modos, señalan que la única vía contemplada es la redacción de una norma específica, "inviable" hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), cuya aprobación definitiva llevará todavía varios años.