Oviedo, E. G.

El nuevo consejero de Educación, Herminio Sastre, asegura que la cifra de docentes de la red pública para el curso que se avecina estará cercana a las 11.000 personas, pero los sindicatos auguran que quedará por debajo, por primera vez en varios años, de ese número e incluso hay quien se aventura a calcular que la cifra final estará más cerca de los 10.500.

Hace poco menos de un año el entonces consejero José Luis Iglesias Riopedre cifraba en 11.024 los profesores que iban a impartir clase en la red de enseñanza pública en el Principado, pero los recortes en el número de interinos (cuyo plazo para solicitar destino concluyó ayer a las doce de la noche) van a notarse en las cifras definitivas que se sabrán en septiembre.

La Administración regional se ahorrará este año casi 300 profesores interinos en relación al pasado curso, gracias a una planificación más ajustada de las necesidades docentes. Serán poco más de 1.400 los interinos que darán clase en Asturias y un buen porcentaje de ellos lo harán a media jornada.

En Secundaria la media jornada supone diez horas lectivas directas más cuatro de actividades relacionadas con las clases. El sueldo, algo más de la mitad. La jornada completa en Secundaria obliga a 21 horas lectivas (y en Primaria más, hasta las 25 horas). Aunque se trabaje media jornada, el docente consigue la misma puntuación «extra» por experiencia profesional a la hora de computar en el concurso de méritos en las oposiciones.

En el cómputo total del profesorado en la red pública interviene decisivamente el factor de las jubilaciones y, sobre todo, el de las jubilaciones anticipadas a los 60 años (y tras 30 de servicio), a las que el pasado curso se acogieron 280 docentes en Secundaria y unos 300 en Primaria. La norma obliga a amortizar el 25% de esas plazas que quedan vacantes por jubilación, pero de hecho rara vez se cumple. Y este año, ni hablar.

Acogerse a la jubilación anticipada está siendo habitual entre el colectivo, en muchos casos desmotivado o desbordado por la «batalla» diaria de la enseñanza. Es una prerrogativa legal que contempla la ley de educación, la LOE, aunque tiene fecha de caducidad, el próximo año. Los sindicatos piden una prórroga de ese derecho de jubilación a través de campañas nacionales. Se trata de un «adiós a las aulas» atractivo por cuanto no se aplica coeficiente reductor alguno que disminuya el importe de la pensión.

FETE-UGT se sumó ayer al coro de protestas y calificó el descenso de puestos de interinos de «inaudito» y vaticinó «un retroceso del sistema público de enseñanza».