Oviedo, Eduardo GARCÍA

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha tumbado el proyecto de decreto de reglamento de regulación de los planes de la evaluación docente por diversos defectos de forma y, sobre todo, por no haber sido previamente sometido a consulta del Consejo Escolar del Principado. La decisión del consejo es un nuevo varapalo a la administración educativa asturiana en un asunto que parece maldito.

El consejero de Educación, Herminio Sastre, había asegurado la pasada semana que «el reglamento de la evaluación está en poder del Consejo Consultivo», pero el pleno de esta institución de consulta jurídica ya se había celebrado el pasado 30 de septiembre y se supone que desde esa fecha tiene que estar sobre la mesa de los responsables de la Consejería el correspondiente dictamen.

El consejo no deja lugar a dudas y resuelve que «no es posible, en el estado actual, un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada y debe retrotraerse el procedimiento a fin de cumplimentar cuanto queda expuesto en el cuerpo de este dictamen y, una vez subsanados los defectos procedimentales advertidos y formulada nueva propuesta de resolución, recabar de este Consejo Consultivo su preceptivo dictamen».

En resumen: frenazo en seco. Y aplazamiento del inicio del proceso de evaluación docente y, por tanto, también del cobro de los pluses al profesorado, unas cantidades por encima en cualquier caso de los dos mil euros anuales.

El Consejo Consultivo «llama la atención» sobre la ausencia de determinada documentación «que explique la adopción del algunas decisiones de indudable trascendencia, como lo fue sin duda la que llevó a eliminar del texto del proyecto inicial los anexos correspondientes a las fichas de evaluación».

Pero donde el organismo presidido por el ex vicepresidente del Gobierno asturiano, Bernardo Fernández, se muestra más contundente es cuando se refiere al Consejo Escolar: «Hemos de destacar que el texto normativo, como resulta legalmente exigible, está a consulta del Consejo Escolar del Principado de Asturias, órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza en los niveles no universitarios de la comunidad asturiana».

En efecto, la necesidad de consulta al Consejo Escolar viene recogida en una ley del propio Principado, la 9/1996, que regula precisamente el funcionamiento de esta entidad. La ley dispone que el Consejo Escolar será consultado preceptivamente en Pleno sobre «proyectos de reglamentos que en materia educativa se proponga aprobar el Consejo de Gobierno del Principado», así como sobre todas las disposiciones y actuaciones «encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza, su adecuación a la realidad social asturiana y a compensar las desigualdades y deficiencias sociales e individuales».

«No cabe duda» -señala el informe del Consejo Consultivo- de «que la evaluación del sistema educativo se considera un elemento fundamental para la mejora de la educación», y que por tanto el reglamento de evaluación debe pasar por el Consejo Escolar. Un requisito que en su día fue planteado por algunos de los sindicatos docentes y que la administración educativa descartó. Una vez más, la Consejería de Educación se topa con la ley.

El Pleno del Consejo Consultivo del pasado día 30 de septiembre (de esto hace casi un mes) estuvo compuesto por Bernardo Fernández, Luisa Fernanda del Valle, Juan Luis Rodríguez-Vigil, Fernando Ramón Fernández Noval, Pilar Jiménez Blanco y, actuando de secretario, José Manuel García Gallo. El proyecto de reglamento de la Evaluación Docente había llegado a dicho órgano el pasado 13 de julio.

LA NUEVA ESPAÑA informaba el pasado domingo del retraso en los planes de la evaluación, cuyo inicio el consejero Herminio Sastre calculaba para el presente mes de octubre. Lo decía en agosto, unos días después de su toma de posesión. Cuando en la reciente Comisión de Educación de la Junta General del Principado Sastre respondía a preguntas del PP que la evaluación estaba en el tejado del Consejo Consultivo no mencionó que la cuestión es más seria de lo que parecía. No sólo hay retrasos, sino que hay rechazos.

El Consejo Escolar del Principado es un órgano compuesto por 38 miembros entre Administración, profesores, asociaciones de padres, Universidad, concejos y alumnos.