Oviedo, Eduardo GARCÍA
La evaluación docente sigue siendo un pozo de sorpresas. La última llegó ayer de la mano de SUATEA, el sindicato que más beligerantemente se muestra contrario a los planes del Gobierno regional en este asunto. SUATEA denunció que casi mil funcionarios de carrera de los 8.090 que tienen derecho a adherirse a la evaluación han sido admitidos sin cumplir los requisitos legales establecidos por la propia Administración: 608 admitidos que no tienen los cinco años de antigüedad, 236 que no cumplen el requisito de ser funcionarios de carrera en el momento de entrada en vigor de la norma legal, y otros 107 que se encuentran desempeñando otros cargos políticos.
El sindicato dio once nombres de una lista de «políticos destacados y allegados», entre ellos los del delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, y el consejero de Industria, Graciano Torre. La respuesta de ambos fue contundente. La Consejería de Industria sacó a las pocas horas un comunicado en el que se aclara que «los incentivos que correspondan por evaluación docente no serán percibidos mientras se permanezca en situación de servicios especiales, por lo cual [el consejero Torre] no ha cobrado ni cobrará un solo euro durante el tiempo que se encuentre en dicha circunstancia. El derecho se le reconocerá únicamente en el caso de vuelta al ejercicio de su profesión», cosa harto improbable.
Por su parte, Antonio Trevín -maestro de profesión- negó que haya cobrado incentivo alguno, amparándose en los mismos argumentos que el consejero de Industria. Ambos se apuntaron a la evaluación, decisión voluntaria, y ambos se encuentran en las listas que la Administración regional hizo públicas a través de un reciente «Boletín Oficial del Principado» (BOPA).
Entre los nombres de políticos apuntados a la evaluación y al posterior incentivo, SUATEA mencionó a los alcaldes de Ribadesella, Ramón Canal; Cangas de Onís, Alfredo García; Grandas de Salime, Eustaquio Revilla; y Carreño, Manuel Ángel Riego. También está incluida la parlamentaria regional del PP, Inmaculada González, y la esposa del presidente del Gobierno asturiano, Soledad Saavedra, directiva del Instituto Adolfo Posada, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas.
En todo caso son nombres que tienen derecho a apuntarse a la evaluación docente, consecuencia del desarrollo de la ley de Evaluación, aprobada por la Junta General en diciembre de 2009. Un proceso de evaluación que ya ha comenzado en los centros y que finalizará en las próximas semanas.
Pero el sindicato denunciante carga las tintas contra los casi 850 profesores que han sido admitidos en las listas de evaluación y que, según SUATEA, no cumplen los requisitos. «Se hinchan las cifras de adhesiones, incumpliendo las normas legales» y eso trae como consecuencia -según cálculos del sindicato- un gasto de dos millones de euros anuales «pagados ilegalmente».
La reclamación también incluye a los 1.250 profesionales que comenzaron a cobrar los incentivos a cuenta en 2007 y que ya se han jubilado sin haber pasado por la evaluación. La Administración regional recuerda que esas personas dejaron de cobrar dicho «plus» en la nómina en el mismo momento en que pasaron a la jubilación.
La portavoz de SUATEA y presidenta de la Junta de Personal Docente, Beatriz Quirós, acaba de perder en el Juzgado contencioso-administrativo número 5 de Oviedo un recurso contra la Consejería de Educación por el que se solicitaba que se le reconociese su derecho a cobrar el anticipo contemplado en la ley de Evaluación con efectos retroactivos a enero de 2010.
La magistrada Sol Alonso-Buenaposada recuerda en la sentencia que «la señora Quirós Madariaga no presentó solicitud de adhesión voluntaria a efectos del cobro a cuenta» en 2007 cuando la Administración abrió el plazo. En enero de 2008, la presidenta de la Junta de Personal comenzó su particular empeño judicial por cobrar el complemento de productividad, que se le ha negado.
El asunto no es cuestión particular, porque una sentencia a favor de los intereses de Beatriz Quirós hubiera abierto la puerta a un aluvión de reclamaciones.
