Oviedo, E. G.

Los sindicatos docentes aseguran que estamos en puertas de crear centros «de primera, segunda y tercera» en Asturias, con «recetas neoliberales que en otros sitios han conducido al desastre». Son dos de las reacciones al anuncio del ambicioso plan de autonomía para los centros, planteado anteayer en la Junta General del Principado por la consejera de Educación, Ana Isabel Álvarez, y su viceconsejero, Argimiro Rodríguez.

Los sindicatos de la pública ven en pleno un intento de favorecer a la enseñanza privada concertada. Para CC OO, «hay directrices inequívocas de privatización en la educación asturiana», y ANPE califica de «auténtica temeridad» la «atomización» del sistema educativo asturiano. «Acabaremos con 392 modelos de enseñanza distintos, tantos como centros educativos».

Ana Isabel Álvarez propone en su proyecto más autonomía para los colegios e institutos en todos los ámbitos del sistema educativo, la cesión a los centros del 35% del currículo académico dependiente ahora del Principado, la posibilidad futura de contratación del personal docente por parte de los colegios e IES para estas asignaturas propias y el cambio de perfil en la dirección de los centros educativos, para que no tenga que recaer necesariamente en un docente. «Perfil gerencial» de los directores, en terminología administrativa.

La cosa suena bien a algunos, pero en todo caso choca contra la legalidad vigente. La autonomía de selección de personal por parte de los centros fue calificada por la portavoz socialista en la Comisión de Educación, Ana Rosa Migoya, de «dislate». Hubo contestación: «Se cansan ustedes de hablar de autonomía, y cuando lo planteamos nosotros resulta que es un dislate. A ver si se aclaran», señaló el Viceconsejero.

Los responsables educativos de Foro esperan acontecimientos, que pasan por las próximas elecciones generales del 20-N, con previsible cambio de signo político en el Gobierno de la nación. Cualquier plan de autonomía de centros en Asturias pasaría por un decreto como rango normativo, tal y como aclaró ayer el viceconsejero Argimiro Rodríguez.

Otra voz crítica surgió ayer de la Asociación de Directivos de Enseñanzas Medias del Principado (Adespas), cuyo responsable, Francisco Alonso, se mostró «claramente en desacuerdo» con la posibilidad de que los futuros directores de centros sean ajenos al mundo de la enseñanza. «El director de un centro educativo tiene que ejercer de líder pedagógico. Apostamos por la dirección en manos de docentes».

FETE-UGT se sumó a las críticas y pidió «no enzarzarse en discusiones sobre hipótesis normativas de carácter estatal» y por tanto fuera del ámbito y de la voluntad de los gestores educativos asturianos.

La falta de respaldo normativo es una constante entre las reacciones sindicales y profesionales derivadas de la comparecencia de la Consejera y su «número dos» en Educación. Para CC OO, «la cesión a los centros del 35% del currículo es una dejación de funciones».

La idea, apenas pergeñada, de que, en el marco de esa futura autonomía, los centros docentes puedan conseguir recursos extra complementarios al presupuesto oficial (cesión de instalaciones en horario no lectivo, organización de cursillos, etcétera) sirvió para que la «familia» sindical cerrara filas: «¿Hablan de autofinanciación cuando en los centros educativos, en muchos casos, no hay dinero ni para folios?», se pregunta Gumersindo Rodríguez, presidente de ANPE Asturias. «Es abrir la puerta al copago en educación. Las familias se verían obligadas a correr con parte de los gastos del centro», según Luis Fernández León, secretario de política educativa de Comisiones Obreras.

El plan de autonomía de centros tendrá para el próximo curso una experiencia piloto que afectará a dos colegios de Primaria, dos institutos de Secundaria, un centro integrado de FP y una Escuela de Idiomas, y con los límites que marca la ley, que son muchos. «Daremos pasos como los elefantes, es decir, con mucha seguridad, porque la desilusión en educación prende con suma facilidad», dijo el viceconsejero Argimiro Rodríguez en su comparecencia en la Junta General.

La asociación Adespas reclamó de paso y una vez más la necesidad de abordar, como han hecho otras autonomías, una ley regional de Educación «tal y como prevé la LOE». Para su director, Francisco Alonso, «es una demanda muy razonable».