Oviedo, Pablo ÁLVAREZ

El concurso oposición en el que se disputaban 23 plazas fijas de especialistas en medicina interna ha llegado a los tribunales. El recurso ha sido interpuesto por cuatro de los médicos que participaron en el proceso selectivo y que no obtuvieron plaza. La polémica viene de atrás. El pasado mes de junio, estos mismos facultativos y cinco compañeros más habían impugnado la oposición bajo el argumento de que en las pruebas selectivas se había incurrido en favoritismo de algunos miembros del tribunal hacia determinados candidatos, consultas privadas en común o cruces de correos electrónicos alertando sobre preguntas del examen, entre otras irregularidades.

El caso ha sido asumido por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo. Fuentes de la Administración regional explicaron ayer a este periódico que si bien es frecuente que determinados aspectos de los procesos selectivos lleguen a los tribunales, no lo es que las razones que los motivan sean tan graves como las que esgrimen estos facultativos. Los denunciantes venían ocupando plazas de forma interina y aspiraban a un puesto fijo.

Aunque inicialmente se habían inscrito en el concurso oposición 92 especialistas de todos los hospitales de la región, finalmente a la primera prueba se presentaron 70 y fueron aprobados 33. El segundo examen fue superado por 27 opositores, los cuales pasaron a la fase de concurso, en la que fueron valorados sus méritos. Los 23 seleccionados ya se han incorporado a sus respectivas plazas: 4 en el Hospital de Cangas del Narcea, 3 en el San Agustín de Avilés, 5 en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 3 en Cabueñes, 1 en el Álvarez-Buylla de Mieres y 7 en el Hospital Valle del Nalón.

Lo que inicialmente habían solicitado los denunciantes era que la oposición fuera anulada, «retrotrayendo el procedimiento al momento de nombramiento del tribunal calificador». Sin embargo, el Instituto Adolfo Posada, organismo convocante de la oposición, que depende de la Consejería de Hacienda y Sector Público, desestimó el recurso de alzada interpuesto por los facultativos. Una parte de éstos decidió llevar adelante el caso, opción que implicaba recurrir a los tribunales de justicia.

Ya desde el primer momento, los principales destinatarios de las acusaciones han sido dos miembros del tribunal calificador, entre ellos su presidente. En su impugnación ante la dirección del Adolfo Posada, los recurrentes hablaban de una serie de maniobras -básicamente, filtración de preguntas de la prueba- para favorecer a una serie de aspirantes. En uno de los casos, por una supuesta relación profesional en otros hospitales públicos. En el otro, el factor que subrayaban los denunciantes era, además de una trayectoria paralela en la sanidad pública, una confluencia de intereses que se plasmaba en una actividad privada conjunta. El documento subrayaba que sus impulsores disponían de pruebas irrefutables de todo ello (incluidos correos electrónicos).