Oviedo, Eduardo GARCÍA

Son once personas, muy pocas para que se les haga caso. O al menos ésa es la sensación que tienen desde hace años. Son intérpretes de la lengua de signos que trabajan en los centros docentes de la región en apoyo de niños sordos escolarizados. No dependen directamente de la Consejería de Educación, pero cumplen funciones en sus colegios e institutos. Les paga una empresa madrileña de servicios a la comunidad que en su día ganó el concurso abierto por el Principado. Treinta horas semanales a 700 euros al mes. No todos cuentan con ese «privilegio», porque los hay que trabajan veinte horas a 400 euros.

Su precariedad laboral resulta evidente y los últimos recientes contactos mantenidos con responsables de la Consejería de Educación han sido «desoladores». La Junta de Personal Docente ha pedido que Educación regularice la situación de estos profesionales y que abra una bolsa de personal laboral dependiente de la Consejería. La externalización del servicio «fomenta la precariedad laboral y favorece situaciones inadmisibles», a juicio de los sindicatos.

En los sindicatos encontraron el apoyo que parece que se les niega en otros ámbitos. Ya no sólo es un problema de dinero, sino de precariedad. Su ratio no se corresponde a un intérprete por escolar, como parece lógico, sino que tienen que hacer equilibrios de horario para atender a los niños sordos escolarizados, y en ocasiones no queda otro remedio que dejarlos solos en una clase en la que, a pesar de los esfuerzos del docente, acaban perdiéndose parte de lo que en el aula se cuece.

Sus interlocutores laborales están a 500 kilómetros de distancia. Ellos (diez mujeres y un varón) tratan de organizarse, divididos en distintos centros de la región. Son profesionales preparados en Asturias -Fundación Vinjoy- en una especialidad muy concreta, pero forman parte del convenio de oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid, un dato más para aliñar la esperpéntica situación. La Administración asturiana ha abierto un nuevo concurso para la adjudicación del servicio, que puede desembocar en marzo. Sólo servirá hasta finales del curso escolar. «el día que se acaba el cole, nosotros vamos al paro».

Y es que los intérpretes de lengua de signos en Asturias están contratados desde la distancia mes a mes. En las pasadas Navidades, tras la interrupción de las clases, pasaron a engrosar las listas del desempleo hasta el pasado 9 de enero. El colectivo lamenta que en los últimos años la Consejería «hace valer el criterio prioritario de adjudicación a la oferta más barata». En este curso, a los intérpretes asturianos se les rebajó el sueldo doscientos euros, dicen.

La situación de desorganización es tal que desde Madrid se envió notificación a las tres intérpretes que trabajan en el IES Fleming, en Oviedo, para que una de ellas comenzara a trabajar en un centro de Llanes. ¿A Llanes todos los días y por 700 euros? ¿Y cuál de las tres se va para Llanes? La respuesta fue que se lo echaran a suertes. «El año pasado -recuerdan- hubo un centro que contaba con una sola intérprete de lengua de signos para cinco alumnos que, además, se encontraban en distintos niveles educativos».

El servicio no incluye, por normativa, la Primaria, pero sí la Secundaria Obligatoria. La Junta de Personal Docente denuncia que «el contrato cerrado y por horas» no cubre el cien por ciento de las necesidades educativas de este sector del alumnado, corto en número pero con todos los derechos. Los intérpretes no cobran horas «extra» y en su contrato tampoco se contempla el apoyo en las actividades extraescolares, «que muchas veces realizamos por amor al arte y por solidaridad con los chicos», apuntan.

El colectivo lleva mucho tiempo clamando en el desierto. Les vienen a decir que si no quieren las condiciones que se les ofrecen, otros vendrán a cubrir el puesto. «Pero es que ahora ya nos da un poco igual». Los sindicatos exigen una «regulación definitiva», más intérpretes de lengua de signos y, en definitiva, una organización desde la Consejería de Educación.