El Gobierno asume el fracaso del modelo de Dependencia y promueve cambios profundos

La ministra Mato reconoce que Servicios Sociales perdió 8.305 puestos de trabajo el pasado año y que la aplicación de la ley es «un laberinto»

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La Ministra, en el centro de la foto, junto a miembros de su equipo y consejeros de Bienestar Social. La asturiana, en segunda fila, sexta por la izquierda.
La Ministra, en el centro de la foto, junto a miembros de su equipo y consejeros de Bienestar Social. La asturiana, en segunda fila, sexta por la izquierda. efe
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Oviedo, Madrid

E. G., Agencias

Sanidad admite que la Dependencia es un absoluto fracaso en España. La ministra Ana Mato afirmó ayer, al término del Consejo Territorial de la Dependencia, que la ley «no ha contribuido a crear empleo sino todo lo contrario», porque se perdieron 8.305 puestos en servicios sociales el año pasado, que su aplicación ha provocado «la construcción de 17 sistemas distintos» de dependencia en las comunidades autónomas y que hay un desfase entre las previsiones en número de dependientes -se preveía 1,7 millones para 2015 y ya son 1,5 millones- y de financiación.

Con este panorama, Mato llegó a un acuerdo con las comunidades para preparar una profunda reforma del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a fin de «garantizar» tanto su «viabilidad» como la prestación de servicios «en igualdad de condiciones» en todo el territorio nacional.

Se quiere ganar tiempo, así que cualquier iniciativa al respecto no se tomará antes del mes de junio. Para empezar, se han constituido cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y las prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los «aspectos económicos» de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Estos grupos deberán tener sus «primeras propuestas» listas este mes de abril y las conclusiones en el mes de mayo, para que el Consejo Territorial del ramo debata y apruebe las iniciativas en el mes de junio.

En paralelo, las comunidades ultimarán un balance de la aplicación de la ley de Dependencia en sus territorios que remitirán al Ejecutivo en los próximos días para disponer de una evaluación global del sistema, aunque ayer la Ministra ha presentado un avance.

Según ha dicho, el primer estudio que ha realizado el Ejecutivo sobre la aplicación de la norma le ha llevado a concluir que es un «laberinto normativo» en el que «las situaciones que se consideraban excepcionales se han convertido en la norma» sin que con ello se haya mejorado la calidad de la atención, cuya calidad «no se garantiza» porque las prestaciones económicas «no aseguran las condiciones más adecuadas a las necesidades de los dependientes».

Sobre este asunto, ha señalado que de los grupos de trabajo se deducirá por qué priman en España las prestaciones económicas sobre los servicios y se actuará en consecuencia. Con todo, ha destacado la importancia de «conjugar esfuerzos» entre los servicios sociales y sanitarios para reducir costes en la prestación de asistencia no económica a las personas en situación de dependencia.

La prevalencia de las prestaciones económicas para el cuidado de las personas dependientes en su propio domicilio tiene mucho que ver con la crisis. Son cantidades que les sirven a muchas familias para ir tirando, renunciando así a los servicios asistenciales.

La ministra de Sanidad ha incidido además en la necesidad de «recuperar el principio de prioridad en la atención a las personas» y «potenciar la utilización de cuidadores familiares cuando así lo requieran las familias que quieren tener a la persona dependiente en su casa, pero siempre que esta persona pueda estar bien atendida en su domicilio» ya que, conforme ha señalado, «algunas veces queda al cuidado de una persona que no tiene la cualificación suficiente».

La ministra Ana Mato lo ve tan crudo que ayer, en la rueda de prensa posterior a la reunión con los consejeros autonómicos, no dudó en afirmar que «hay que modificar todos los criterios de la dependencia».

Las reacciones de los representantes de las comunidades autónomas al final de la reunión no inspiraban precisamente tranquilidad.

Valencia: «No se hicieron las previsiones adecuadas y ahora el problema lo tenemos todas las autonomías».

Galicia: «Hace falta solidaridad entre las comunidades para que la prestación de servicios sea homogénea».

Cataluña: «El Gobierno ha reducido 48 millones su aportación. Mientras la Generalitat está cumpliendo con la aplicación de la ley, el Estado ha modificado de forma unilateral su compromiso».

Extremadura: «Exigimos igualdad en el nivel de prestaciones».

Andalucía: nos quitan 70 millones, el mayor castigo es para nuestra comunidad.

Asturias estuvo representada por su consejera Paloma Menéndez. No hubo declaraciones.

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