Más niños en clase, más horas lectivas

El Gobierno propone aumentar hasta un 20 por ciento el número de alumnos en las aulas, que podrían superar los treinta escolares

 05:20  
Wert, ayer, durante la rueda de prensa.
Wert, ayer, durante la rueda de prensa. 
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Oviedo / Madrid,

E. G. / Agencias

Las previsiones se han cumplido con creces. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, confirmó ayer que buena parte de los 3.000 millones que el Estado quiere ahorrar en el sector se ajustarán subiendo las ratios escolares (más alumnos en clase) y las horas lectivas de los profesores. Las medidas generaron críticas por los cuatro costados: político, sindical, empresarial y familiar.

La decisión de subir un veinte por ciento el máximo de alumnos por clase en Primaria y Secundaria le pareció al Ministerio de Educación tan singular que se apresuró a matizar que se trata de una medida «temporal y coyuntural» asociada a la crisis económica.

La carga lectiva del profesorado queda establecida a partir de ahora en un mínimo semanal de veinticinco horas en Infantil y Primaria y de veinte en el resto de enseñanzas no universitarias.

Será el Consejo de Ministros el que aprobará el viernes próximo, previsiblemente mediante un real decreto ley, estas y otras medidas con el fin de «ayudar» y «facilitar» que las comunidades autónomas cumplan el objetivo obligatorio de déficit autonómico del 1,5 por ciento este año. De aquí al viernes a José Ignacio Wert le queda una semana de pasión.

La jornada de ayer se inició con la reunión del Ministro con los consejeros de Educación, entre ellos la asturiana, Ana Isabel Álvarez. Casi todos los presentes eran del PP (a excepción de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco). Los demás, aplaudiendo. «Una amplia mayoría está de acuerdo», dijo Wert, con unas medidas «que tienen marcado carácter de flexibilidad» y que tendrán -añadió- un impacto «escaso o nulo» sobre la calidad de la enseñanza y sin perjudicar la equidad.

Cataluña habló, sin embargo, de «desmantelamiento de las competencias autonómicas», según la consejera Irene Rigau, y «no dejan margen de maniobra», ha lamentado el consejero de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica.

Pero la más guerrera fue Ana Isabel Álvarez, quien calificó las medidas del PP de «improvisadas» y «limitadoras de recursos». Añadió que las medidas puede que consigan el objetivo -el ahorro-, pero seguro que yerran el blanco: la calidad y la eficiencia de la educación. La cuenta en plena etapa de conversaciones entre Foro y PP de cara a un posible Gobierno de derechas en Asturias.

La consejera asturiana señaló que su departamento ya ha realizado la planificación del próximo curso escolar con las ratios y los espacios actuales. El Principado da por hecha una reducción de la contratación del profesorado interino, «con un importante impacto en el empleo en la región».

Otra crítica asturiana se centra en el «retraso» de la modernización de la FP y en la renuncia del Gobierno central a impulsar la Educación Infantil de 0 a 3 años. ¿Qué va a pasar con los planes de implantación de la FP dual o los programas de bilingüismo? Es una pregunta que se hacen la Consejera y la comunidad educativa asturiana.

El plan incluye la eliminación «transitoria» de la posibilidad de crear, en la educación no universitaria, nuevos complementos retributivos o retribuciones variables.

Además, las bajas laborales inferiores a diez días lectivos se afrontarán con recursos humanos del propio centro; los módulos de FP media y superior de 2.000 horas se aplazan al curso 2014-2015, y se suspende la obligación de los centros de ofertar al menos dos de las tres modalidades del Bachillerato.

Actualmente, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece un máximo de veinticinco alumnos por aula en Primaria y de treinta en Secundaria Obligatoria (ESO), más un 10 por ciento en caso de estudiantes de escolarización tardía durante el curso. Hasta ahora no había normativa estatal forzosa sobre las horas de docencia obligatorias, sino que cada comunidad tenía autonomía para determinarlas.

La media venía siendo en torno a las 24 o 25 en Primaria y entre 18 y 21 en Secundaria por semana. La subida al inicio del curso de esa carga lectiva en algunas comunidades, entre ellas Madrid, dio lugar a movilizaciones del sector.

Cuando al ministro Wert se le preguntó ayer, en su comparecencia ante los medios de comunicación, si todas estas medidas implican pérdida de empleo en la enseñanza pública, indicó: «Esto no se puede plantear en términos de despidos; en su caso, se podrá plantear en términos de no renovación de contratos». En Educación eso apunta con todo el arsenal artillero al personal interino, que en Asturias supone alrededor de un veinte por ciento sobre el total de los docentes.

Asturias tenía en 2010 la ratio profesor/alumnos más baja de España en la red pública, con 8,1 alumnos por docente, casi dos puntos por debajo de la media nacional. Y eso por varias razones. El asturiano es un sistema educativo equilibrado, con buenas estadísticas en general. Pero también influye la dispersión educativa y la escuela rural, con ratios muy bajas (y muy a pesar de la Administración educativa). Otra cosa es la enseñanza concertada, con unos 16 alumnos por profesor. Es decir, una ratio que dobla a la de la pública y que no tiene ni visos aproximados de verse reducida a corto plazo.

En todo caso, esa ratio de poco más de ocho alumnos por profesor suena casi a broma en cualquier colegio de la zona central asturiana, que alberga a más del ochenta por ciento del alumnado. En esos entornos urbanos las unidades en Primaria rondan los 25 alumnos y las de Secundaria alguno más. Con las nuevas medidas del Gobierno, en ambos casos se pueden superar los treinta alumnos por clase.

La reacción de los sindicatos no se ha hecho esperar. FETE-UGT, ANPE y CC OO vaticinan que se producirá destrucción de empleo, y han exigido a su titular, José Ignacio Wert, que convoque la Mesa Sectorial.

La secretaria de educación y cultura del PSOE, María del Mar Villafranca, ha denunciado que el Gobierno trata de buscar la calidad educativa «despidiendo profesores y hacinando a los alumnos en las aulas».

Izquierda Unida fue mucho más allí. La portavoz de educación de esta coalición, Caridad García, denunció que Wert «pretende acabar con el sistema público» educativo con sus recortes, y ha animado a las comunidades autónomas a negarse a aplicar sus últimos ajustes por el «bien» de alumnos y profesores.

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