Oviedo / Madrid,

P. R. / Agencias

La reforma de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes incluirá un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, también denominados cuidadores no profesionales. Esta prestación, que en la ley tiene carácter de excepcionalidad y que se ha generalizado, supone unos 400 euros al mes, aunque, en algunos casos, puede llegar a los 530 euros.

En cuanto a sus cotizaciones a la Seguridad Social, el director general del Imserso, Cesar Antón, señaló que «se revisarán con el Ministerio de Empleo para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta las circunstancias específicas de estos cuidadores». Mientras no exista esta normativa, los que se incorporen al sistema estarán sometidos a una suerte de «régimen transitorio» que aún está por definir, señaló. Quienes están dados de alta seguirán como hasta ahora. Actualmente hay alrededor de 180.000 cuidadores en España, unos 7.000 en Asturias, y el 90% son mujeres.

La ministra de Servicios Sociales, Ana Mato, informó ayer a los consejeros autonómicos, en la comisión interterritorial, de la reforma de la ley. La nueva normativa primará a las comunidades autónomas que den prioridad a los servicios, de manera que el 90% de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas que atiendan, y el 10% restante será para las que más servicios mantengan.

La Ministra y los consejeros autonómicos debatieron la propuesta de reforma de ley, así como un real decreto que modifica la aportación de los dependientes al sistema. «Hemos logrado un gran acuerdo que mejora el sistema y su viabilidad», señaló Mato, quien afirmó que la dependencia hasta ahora era «insostenible y necesitaba un cambio urgente», ya que en los últimos años estaba «colapsada», como demuestra el hecho de que más de 300.000 personas están aún en lista de espera, afirmó.

«Es la liquidación de la ley por fases», declaró la consejera de Bienestar Social del Principado, Esther Díaz. La responsable socialista asturiana lamentó, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, la falta de negociación y consenso por parte del Ministerio de Sanidad. «En apenas diez días no se puede intentar consensuar una reforma de tanto calado. El objetivo debería ser fortalecer la ley para hacerla más eficaz. Somos conscientes de la necesidad de introducir mejoras para adaptarla a la situación de crisis que padecemos, pero creo que la intención del Gobierno central es finiquitarla poquito a poco introduciendo reformas profundas». Y añadió: «Se nos dice que quieren una ley sostenible, pero para nosotros sostenible es dotarla de financiación, hacerla viable».

La Consejera está convencida de que había un acuerdo previo «entre las comunidades autónomas del PP» y lamenta que cuestiones que se dan por cerradas, como la rebaja salarial a los cuidadores, no figuren en el documento. Asuntos como la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar «se han dejado pendientes para una revisión en profundidad», lo mismo que la revisión del baremo, «que queda aplazada, con independencia de que los niveles sean suprimidos».

La reforma elimina los niveles de gravedad (1 y 2) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y amplía de cinco a ocho años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.

En cuanto al real decreto que revisará el copago, el texto final se mejoró incluyendo aportaciones del sector de la discapacidad y finalmente se aumentó el tramo fijado del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), manteniendo el cien por ciento como referencia de la capacidad económica del usuario «para que las personas con menos renta no paguen tanto». La aportación de los usuarios al sistema será en función de su renta y su patrimonio.

Finalmente, las personas dependientes con discapacidad entrarán en el copago, una aportación de la que hasta ahora estaban exentos. Asimismo, se aplazará hasta el año 2015 la incorporación de personas dependientes de grado 1.