Oviedo, P. Á.

La norma que obliga a los pensionistas a pagar una parte del precio de los medicamentos que consumen ha generado en los dos primeros meses de aplicación en Asturias un ahorro para las arcas públicas cercano a los 14 millones de euros. Entre julio y agosto, la factura en fármacos descendió de 52,4 a 38,8 millones. Entre tanto, la cifra de recetas dispensadas se ha visto reducida en casi 394.000, al pasar de 4,1 a 3,7 millones.

Así lo indican los datos difundidos ayer por el Ministerio de Sanidad, según los cuales, a nivel nacional, «en los dos primeros meses de aplicación de las nuevas medidas de farmacia el ahorro ha sido superior a los 400 millones de euros».

Las cifras referidas al mes de agosto -los realmente novedosos- señalan que la evolución ha sido similar en el Principado y en España en lo referido a la bajada del gasto (del 20 por ciento a nivel nacional y del 22 por ciento en Asturias), mientras que en lo concerniente al número de recetas facturadas la caída de España duplica a la de Asturias (el 9,3 por ciento frente al 4,6 por ciento regional).

El copago de los medicamentos entró en vigor en toda España el pasado 1 de julio. La principal novedad es que, desde entonces, los pensionistas deben abonar un 10 por ciento del coste de sus medicinas, con un tope mensual de 8, 18 o 60 euros, en función de su nivel de ingresos. En consecuencia, en el momento actual se dispone de una perspectiva de análisis de dos meses, claramente insuficiente para cualquier conclusión fiable por la brevedad misma del tiempo y el factor adicional de que esos dos meses hayan sido julio y agosto, un periodo que fácilmente puede alejarse de la norma habitual.

Por si todo esto fuera poco, en junio se produjo un intenso acopio de medicamentos por parte de jubilados que querían sortear los primeros efectos de la aplicación del copago. Ésta es la razón de que el gráfico que acompaña estas líneas incluya los datos de junio. De otro lado, en las cifras que facilita el Ministerio no parece estar incluido el dato del dinero que las administraciones autonómicas deberán devolver -en un plazo máximo de seis meses- a los pensionistas que han rebasado el tope mensual de pago.

Conclusión: los efectos económicos del copago comenzarán a ser analizables de forma rigurosa cuando se disponga, al menos, de las cifras de septiembre y octubre.