Es sólo un artículo en un anteproyecto legislativo, la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pero ha bastado para sembrar la alarma en ayuntamientos, asociaciones y colectivos profesionales. Hasta ahora, los municipios, sin excepción, tenían potestad para la «prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social». Si la reforma legislativa que propone el Gobierno de Mariano Rajoy prospera en el Congreso de los Diputados, la competencia municipal se verá reducida a la «valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social».
¿Qué significa esto? Que los Servicios Sociales pasarán a ser competencia de las comunidades autónomas y no como lo son ahora, una competencia compartida entre las tres administraciones: estatal, autonómica y municipal. Bien es cierto que el proyecto de ley prevé la posibilidad de delegar las competencias a ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, pero es contundente al proponer que la transferencia competencial se haga en el plazo de un año.
Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (AEDGSS) alerta sobre el peligro de una ley puramente economicista, que desprecia el valor de los servicios de proximidad a los ciudadanos más vulnerables. «Estamos hablando de unos servicios que tienen la proximidad como seña de identidad, como ámbito ineludible en su acción, fuera de la cual es donde se vuelven ineficientes e ineficaces», señala. Y añade: «La reforma es inmisericorde con el medio rural, significa una puntilla definitiva a una forma de vida».
Aunque algunos ayuntamientos del PP han mostrado reticencias al contenido de la ley, y no sólo por lo que afecta a los Servicios Sociales, son sobre todo los municipios gestionados por el PSOE e IU los más alarmados, al menos en Asturias. Belén Fernández Acevedo, concejala responsable del Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por los populares, cree que la reforma puede ser positiva y que el informe de la AEDGSS es «un poco sesgado».
«La nueva propuesta evita duplicidades entre administraciones, fija las competencias con claridad, garantiza la eficiencia y la sostenibilidad de la financiación, y descarga a los municipios de un creciente gasto social, que está empezando a ser insostenible. Y, por otra parte, el Ayuntamiento sigue siendo la puerta de entrada del ciudadano», afirma.
La concejala señala que cada vez aumentan más las competencias sociales y, por tanto, las presupuestarias. «Este año, Oviedo recibió en el plan concertado el mismo dinero del año pasado, pero hemos tenido que asumir nuevas obligaciones y, por tanto, pagarlas. Y lo estamos haciendo. Estamos hablando de una reforma que modifica la gestión de los recursos pero no recorta partidas, si habláramos de esto último cambiaría el asunto».
Ayuda a domicilio, teleasistencia, atención a la infancia, a las familias y emergencia social son algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos.
En 2011 los Servicios Sociales de toda España atendieron a 7 millones de personas, los ayuntamientos gestionaron 1.330 millones de euros y la red social dio trabajo a unas 50.000 personas, según datos de la AEDGSS. Ese mismo año, la aportación de la Administración estatal fue de 86,6 millones, el 6,5% del total. Este año, el Gobierno de Rajoy destina 27,5 al mismo plan.
Esther Díaz, consejera de Bienestar Social de Asturias, todavía confía en que el Gobierno corrija «este despropósito». «La reforma da un vuelco total a las bases que hasta ahora regulan el funcionamiento de los ayuntamientos en España, y en lo que se refiere a los Servicios Sociales supone la destrucción de la organización y estructura del nivel de atención primera que realizan los ayuntamientos y que tan buen resultado ha dado».
En opinión de la Consejera, «la cercanía de los ayuntamientos al ciudadano ha facilitado una profunda modernización y transformación de España en los últimos años. El anteproyecto supone la quiebra absoluta de nuestro modelo de Estado, que garantiza la cohesión social y territorial mediante la distribución de competencias entre los distintos niveles de administraciones».
Los Servicios Sociales municipales tienen dos niveles, el básico, que consiste en prestar ayuda a quien la necesita, y el especializado, en el que interviene un equipo de profesionales multidisciplinar, relacionado con factores como la promoción y la reinserción social, y con la intervención comunitaria.
Yolanda Alonso Fernández, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés (PSOE), no oculta su preocupación y lamenta que los ciudadanos todavía no hayan comprendido el alcance de la reforma. «Bajo el prisma de la ideología, el PP intenta plasmar un modelo detrás del cual hay mucho negocio. Esta reforma, de aprobarse, acabará con las señas de identidad de nuestro sistema público de Servicios Sociales».
Y cita un ejemplo: «La teleasistencia, esa especie de medallón que tienen las personas mayores que viven solas o las que tienen alguna discapacidad, era gratis. Este año, el Ministerio de Asuntos Sociales se cargó la partida. A partir de ahora, los usuarios deberán pagar por el servicio. Y no todos podrán hacerlo».
La ley, de aprobarse, llegará en un contexto social difícil: paro, exclusión social, envejecimiento poblacional, pobreza. Noemí Martín, portavoz de asuntos sociales de IU en la Junta General y ex consejera, cree que el anteproyecto «es un arma mortal contra el sistema público de Servicios Sociales en pleno proceso de consolidación».
La diputada confía en que no se convierta en ley. «El sistema público de Servicios Sociales siempre fue el cuarto pilar del Estado del bienestar, pero también el hermano más pobre. Este proyecto hace desaparecer la red básica de cercanía de atención, y eso supone un desmantelamiento de los Servicios Sociales», asegura.
«Supone la quiebra de nuestro modelo de Estado en Servicios Sociales»
<Esther Díaz >
Consejera de Bienestar
«Evita duplicidades, fija competencias y garantiza eficiencia y sostenibilidad»
<Belén Fernández >
Concejala de Oviedo
«El PP intenta plasmar un modelo ideológico detrás del que hay mucho negocio»
<Yolanda Alonso >
Concejala de Avilés
«Es un arma mortal contra el sistema en pleno proceso de consolidación»
<Noemí Martín >
Diputada de IU
